El Consejo de Finanzas certifica este jueves el récord de recaudación en 2018

El Consejo Vasco de Finanzas certificará este jueves en su habitual reunión de febrero el cierre de la recaudación de 2018, un ejercicio que se saldó con récord de ingresos al rozarse los 15.000 millones de euros, y en la cita sobrevolará la Ley de Aportaciones aunque el tema no esté en el orden del día.

Hace justo un año el Consejo de Finanzas anunció que la reforma de esta ley estaría lista antes de que terminara 2018. Esto sin embargo no solo no ha ocurrido, sino que tampoco esta previsto que en la cita de este jueves se llegue a un consenso sobre la misma.

Ello no impedirá que los miembros del Consejo -Gobierno Vasco, diputaciones y Eudel, que tiene voto en cuestiones concretas- hablen del tema, sobre todo después de que el portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, dijera este martes que confiaba en cerrar un acuerdo sobre la ley en esta reunión.

"Nosotros vamos con ganas, con voluntad y entendemos que si cada uno pone de su parte es posible llegar a un buen acuerdo para todas" las partes, apuntó Lasa.

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, enfrío si embargo las expectativas de llegar a un acuerdo y, tras asegurar que la Ley de Aportaciones no estaba en el orden del día de la reunión del Consejo, se mostró partidario de no marcarse plazos en aras a lograr una norma con la que todas las instituciones se sientan "cómodas".

Lo cierto es que, según el orden del día, el Consejo de Finanzas tratará dos cuestiones: el cierre de la recaudación de 2018 y la liquidación de las aportaciones de las tres diputaciones forales.

Pese ello, fuentes del Ejecutivo señalan a Efe que, si alguno de los participantes así lo desea, en el apartado de ruegos y preguntas podría hablarse de la Ley de Aportaciones, una norma que "requiere de consenso entre instituciones" en la que aún se está "trabajando".

Esta ley, prorrogada desde 2012, establece los coeficientes de aportación a las arcas comunes vascas de las haciendas forales y las fija en el 16 % para Álava, el 33,06 % para Gipuzkoa y el 50,94 % para Bizkaia. Sin embargo, las diputaciones de los primeros territorios consideran que salen perjudicados con este reparto a favor de Bizkaia.

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