El asesinato de dos líderes agudiza la vulnerabilidad indígena en Guatemala

A Luis Arturo Marroquín lo mataron cuando iba a hacer fotocopias. Una escena más de la vulnerabilidad cotidiana a la[…]

A Luis Arturo Marroquín lo mataron cuando iba a hacer fotocopias. Una escena más de la vulnerabilidad cotidiana a la que se enfrentan los pueblos indígenas en Guatemala: Él y José Can Xol son las dos últimas personas que han dado su vida por defender los derechos de sus comunidades.

Históricamente, ser indígena en Guatemala es encarnar lastres como la discriminación, la desigualdad, el racismo y la vulneración de sus derechos. Exclusión, odio, muerte. Una situación que no es nueva.

Durante el conflicto armado interno (1960-1996), los indígenas y campesinos fueron el blanco de las políticas de tierra arrasada por ser considerados "enemigos del Estado", es decir, guerrilleros. Ellos son la mayoría, más del 98 por ciento, de los más de 250.000 muertos y desaparecidos en la guerra.

Más de 20 años después del conflicto, Guatemala sigue afectada por la desigualdad y la discriminación estructurales y la muerte persigue a los líderes indígenas y campesinos.

Pocos días después de que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acusara al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de provocar la muerte de un niño al bloquear carreteras hace un año, dos de sus dirigentes fueron asesinados.

El pasado jueves, Can Xol, del Comité Campesino del Altiplano, fue asesinado a tiros en la comunidad de Choctún Basilá, en el departamento norteño de Alta Verapaz.

Un día antes también fue tiroteado Marroquín, miembro del núcleo central de Codeca. EL crimen ocurrió en el municipio de San Luis Jilotepeque, en el departamento oriental de Jalapa, tras descender de un autobús para hacer copias de un documento en una librería.

Marroquín, de 47 años y padre de cinco hijos, era el coordinador organizativo y político del oriente del país de la organización que lucha por el acceso a la tierra y la nacionalización de los servicios privatizados, como la energía eléctrica.

Para la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congcoop), el discurso de "odio" de Morales pudo causar la muerte de sus dirigentes y le considera "responsable político" por atizar con sus palabras altisonantes la confrontación nacional por sus acusaciones, sin base, contra Codeca, que en repetidas ocasiones ha pedido la renuncia del mandatario por su "incapacidad" para gobernar.

El portavoz presidencial Heinz Hiemann afirma, no obstante, que el jefe de Estado lo que rechaza son las manifestaciones que vulneraron los derechos de los ciudadanos, como la libre locomoción, y aseguró que no pretende fomentar ataques a dirigentes campesinos.

El jefe de Estado también ha criticado que el Ministerio Publico no investigue a los miembros de la organización campesina, que supuestamente tiene más de 2.000 denuncias penales.

El Comité de Desarrollo Campesino es una organización que surgió en 1992 para reclamar el acceso a la tierra, salarios justos en las fincas agrícolas y cuenta, en la actualidad, con más de 580 asociaciones comunitarias a nivel nacional.

Los sectores de poder ven a indígenas y campesinos como el principal obstáculo para el desarrollo del país por oponerse a sus megaproyectos, pero ni siquiera les consultan la implantación de los mismos, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los problemas estructurales desde la colonización han dificultado el camino de lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho y la plena vigencia de sus derechos.

Y es que el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos en Guatemala deriva de que el Estado ha sido estructurado para asegurar el disfrute de privilegios por parte de una pequeña parte de la población en detrimento de la mayoría, la gran mayoría.

El racismo, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas a todos los niveles persisten en el país centroamericano, reconoció recientemente la relatora especial de la ONU sobre los derechos de estos pueblos, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, quien visitó Guatemala por invitación del Gobierno de Morales.

Tauli lamentó que las autoridades "realizaran comentarios estigmatizadores sobre los líderes indígenas, alegando su involucramiento en actividades criminales" y recordó su derecho a "defender pacíficamente" sus territorios y recursos.

"Estoy extremadamente preocupada por las crecientes desigualdades en el país y por el fracaso del Estado para eliminar la discriminación estructural y la falta de asignación de fondos para abordar la grave situación de los pueblos indígenas", aseguró.

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