Diputación de Badajoz y AEOPAS piden al Gobierno la gestión pública del agua
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), en la que está integrada la Diputación Provincial de[…]
La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), en la que está integrada la Diputación Provincial de Badajoz, ha pedido hoy a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, generalizar la gestión pública del agua.
Mediante una nota, la Diputación ha señalado que la gestión pública abarca en España en torno al 50 por ciento de los sistemas de abastecimiento y saneamiento cuando, a nivel mundial, es del 90.
En la reunión mantenida hoy en Madrid, en la que ha participado el diputado del Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz (Promedio) presidente de AEOPAS, Manuel Antonio Díaz, y una docena de operadores públicos han presentaron a la ministra la Asociación.
El objetivo principal es promover la gestión pública del ciclo integral urbano del agua y la defensa del derecho humano al suministro del agua y al saneamiento.
Además, han tratado la necesidad de incorporar a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuestiones relacionadas con el derecho humano al agua y al saneamiento, la participación y transparencia de los operadores de agua, el control y limitación de los contratos concesionales y el establecimiento de indicadores comunes entre gestores de agua, entre otros aspectos.
AEOPAS afirma que el agua es pública y el servicio es una competencia y una responsabilidad de las entidades locales pero que la gestión se adjudica a agentes privados y que, con frecuencia, surge la figura del canon concesional.
Este canon es una cantidad que la empresa privada adelanta por la concesión y que, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los usuarios sin que aparezcan claramente reflejados en la factura, por lo que el resultado es la desinversión, la exclusión y la ineficiencia, se agrega en la nota.
La Asociación, que comenzó como un foro de encuentro y debate entre operadores públicos de agua, administraciones con competencia en esta materia y la sociedad civil, agrupa a 74 operadores públicos que gestionan el agua de más de 25 millones de personas.
Figuran ciudades como La Coruña, Palma, Cádiz, Valladolid o Zaragoza, los sistemas públicos de la provincia de Huelva y las diputaciones de Sevilla o Badajoz.
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