Denuncian múltiples violaciones de DDHH a "presos políticos" de Nicaragua

El Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas denunció hoy que cientos de personas encarceladas en Nicaragua tras protestar contra el presidente Daniel Ortega, sufren múltiples violaciones a sus derechos humanos, y exigieron se les permita la atención médica.

El Comité señaló diversos casos registrados desde el estallido social del 18 de abril pasado, desde una mujer con cáncer terminal que no ha sido atendida, hasta torturas, aislamiento y abortos inducidos con violencia.

"Denunciamos las violaciones a los derechos humanos, de manera particular en la cárcel La Modelo (varones), La Esperanza (mujeres), El Chipote y El Infiernillo, no se les ha dado horas al sol, tienen visitas una vez al mes a través de un cristal, sin privacidad, se les impide el derecho a una llamada telefónica", señaló el Comité, formado por madres y familiares de los reos.

Actualmente unas 558 personas están en prisión como "presos políticos", según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de los cuales 512 son hombres y 46 son mujeres.

Únicamente la prisión policial de El Chipote ha sido denunciada por supuestamente ser un centro de torturas, el Comité afirmó que los reos son torturados en cada una de las prisiones, incluyendo en las delegaciones policiales y "cárceles clandestinas".

"Las celdas no poseen ventilaciones ni iluminaciones, se encuentran húmedas, no poseen camas, no está permitido hablar con otros privados de libertad, las amenazas y torturas psicológicas y físicas son constantes", informó la portavoz del Comité, Emilia Ruiz, en conferencia de prensa.

También mencionó que "el ingreso de alimentos y líquidos es limitado, y los medicamentos que ingresamos con recetas y dictamen médico no son entregados, esto impacta directamente en la salud de nuestros familiares, que se han visto seriamente deteriorada".

El comité detalló que existen reos con diabetes, problemas de tensión arterial, infecciones renales y en la piel, gastritis, hongos, epilepsia, ansiedad, depresión, insomnio, parkinson y un joven que ha empezado a perder la vista a causa de las torturas.

Las madres y familiares de los reos exigieron "el respeto de sus derechos humanos, que sean valorados por un médico especializado y les permitan el ingreso de medicamentos".

La denuncia se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 528 muertos desde el estallido social del 18 de abril pasado, según las organizaciones humanitarias. El Gobierno reconoce 199 víctimas.

Tanto la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega no reconoce la responsabilidad e insiste en que sufre un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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