Denuncia a la Policía de Nicaragua por tatuar "FSLN" a hijo menor en un brazo

Una mujer denunció hoy a la Policía Nacional ante el Ministerio Público, por tatuar las iniciales "FSLN" a su hijo adolescente en uno de sus brazos y luego negarse a recibir su declaración, informó hoy la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

"Acompañamos a la madre a denunciar el caso de su hijo, que prácticamente fue torturado", dijo la abogada de la CPDH, Verónica Nieto, a periodistas.

Las iniciales FSLN corresponden al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el presidente Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 y quien enfrenta su momento más adverso desde abril pasado, por protestas en su contra.

El menor, de 14 años, relató que una patrulla de Managua integrada por entre 8 y 10 policías lo detuvo, le marcó las iniciales FSLN en el interior del antebrazo izquierdo, con una aguja y un líquido que le causó la sensación de quemadura en la piel, para luego amenazarlo de muerte junto con su familia.

"Queremos que los altos mandos de la policía investiguen a las personas que le hicieron esto a mi hijo", dijo la mujer que se negó a identificarse por miedo a represalias.

Al momento de la denuncia, la CPDH solicitó al Ministerio Público que exija a la Policía que identifique a los agentes "que le hicieron el tatuaje al niño", y pidió una revisión física y psicológica del menor ante el Instituto de Medicina Legal.

El niño ha señalado de la agresión a miembros de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, entre los que identificó a un supuesto integrante de origen cubano.

Nicaragua atraviesa la crisis política más sangrienta desde la década de los años de 1980, también bajo la presidencia de Ortega.

Organizaciones humanitarias locales indican que la crisis ha dejado entre 322 y 481 muertos, de ellos al menos 23 menores de edad.

La semana pasada la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) responsabilizó al Gobierno "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

El presidente Daniel Ortega se ha desligado de toda responsabilidad y sostiene que se trata de un "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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