Defensor del Pueblo Navarro proclama su "independencia" y "propio criterio"

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha proclamado hoy en un comunicado "su propio criterio y plena independencia" de sus actuaciones en la institución tras la queja presentada por un abogado navarro por su pronunciamiento sobre el pago de la contribución territorial por parte de Autovía del Camino SAU.

El abogado Fernando Goñi informó ayer de que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo de España contra su homólogo en Navarra al entender que éste se debió mantener al margen del conflicto fiscal de Autovía del Camino SAU.

Según el letrado, Autovía del Camino SAU recurrió en los tribunales tanto la ponencia de valoración supramunicipal, que sirvió de base para fijar la contribución, como la liquidación de este impuesto en 2015, recurso que ahora ya han desestimado.

El abogado narró, además, que aún no se habían pronunciado los tribunales cuando Enériz intervino en marzo en este asunto con una resolución que recomendaba a Hacienda considerar como "no aplicable" a las autovías de peaje en la sombra la contribución territorial e impulsar un cambio normativo, en línea con el Estado, que "les librara" de este tributo.

El abogado indicó, además, que la empresa titular de la A-12 (Pamplona-Logroño) tiene como consejero delegado a un exconsejero de Agricultura con el que fue director general Enériz, que en este asunto, según señaló Goñi, ha actuado "a instancia" de la mercantil.

El Defensor del Pueblo de Navarra afirma en su escrito que "es absolutamente falso, como se desliza en la noticia, que esta institución haya actuado siguiendo instrucciones ("a instancia") de una entidad mercantil a la hora de dictar una resolución sobre el trato que dos modificaciones de la Ley Foral de las Haciendas Locales han dado a las autovías construidas en Navarra por el sistema de peaje en la sombra".

"El que el titular del Defensor del Pueblo de Navarra -recuerda- haya trabajado con terceras personas hace más de catorce años y que estas presenten quejas no significa que no pueda admitir tales quejas, ni que no pueda dar la razón a quien crea que le asiste. Afirmar lo contrario es negar a estas personas el amparo de sus derechos y las garantías legales de que gozan los demás ciudadanos y darles inmerecidamente un trato desigual".

El Defensor del Pueblo proclama, además, que "dicta sus resoluciones motivadamente, conforme a su propio criterio y plena independencia, sin que en su juicio influyan ni las autoridades, ni ninguna otra persona".

Entiende que "afirmar lo contrario solo responde a la mala fe y a la temeridad de quien lo haga". "Como a esa mala fe puede obedecer la presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo de España cuando se sabe que este carece de competencia para supervisar la actividad de esta institución, y acudir a la prensa", puntualiza.

El Defensor explica que la institución que preside "está legitimada para analizar la legislación aplicable y, llegado el caso, sugerir los cambios que considere oportuno o nuevos criterios de actuación, aunque los tribunales de justicia estén conociendo casos concretos y fallando acerca de ellos".

Recuerda, en este sentido, que "con ocasión de los desahucios bancarios y con ocasión de otros hechos, sin que a nadie se le ocurriera buscar oscuras intenciones o realizar acusaciones falsas".

"Y a esa razón de sugerir cambios en la legislación o nuevos criterios -por igualdad y seguridad jurídica- responde su decisión sobre el cobro de la contribución urbana a autovías si esto solo se hace en Navarra y de forma desigual según los municipios por donde discurran", argumenta en el escrito.

La institución agrega que "la discrepancia con un criterio del Defensor, perfectamente legítima, no habilita para, desde un interés meramente clientelar, realizar difamaciones o construir falsedades acerca de las decisiones" de la misma.

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