Congreso vota mañana si apoya 6.000 millones más de margen al déficit público

El Pleno del Congreso vota mañana si apoya la nueva senda de consolidación fiscal que flexibiliza en cinco décimas el margen de déficit público para 2019, lo que supone cerca de 6.000 millones más de gasto para las administraciones públicas.

El Gobierno se enfrenta, sin tener apoyos garantizados, a su primer debate y votación del techo de gasto de 2019 y del Acuerdo de Objetivos de Déficit y Deuda Pública para el período 2019-2021, base para la elaboración de una de las leyes más importantes del país, la de los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo trae a la Cámara Baja un límite de gasto no financiero de 125.064 millones de euros para 2019, un 4,4 % superior al de 2018 y unas metas de déficit más flexibles, que negociadas con Bruselas, sitúan los objetivos en el -1,8 % del PIB para el próximo año y en el -1,1 % y -0,4 % para 2020 y 2021, respectivamente.

Esta relajación de la senda de déficit representa unos 6.000 millones de euros más de margen, que se reparten en unos 2.400 millones más para las Comunidades Autónomas, otros 2.400 millones para la Seguridad Social y cerca de 1.200 millones más de margen para el Estado.

El Gobierno ya ha avisado de que si los objetivos son rechazados mañana y no pasan a ser votados en el Senado los Presupuestos deberán adaptarse a la senda de déficit anterior y que el techo de gasto debería ajustarse en unos 1.200 millones y situarse alrededor de los 123.864 millones.

Fuentes socialistas parlamentarias señalan a EFE que "no tiene sentido poner un veto a un presupuesto más restrictivo de lo que nos ha permitido Bruselas" y "castigar" a los españoles.

Y es que el PP y Ciudadanos ya han anunciado que mañana votarán en contra de la nueva senda fiscal y el Ejecutivo parece que a día de hoy sólo tiene garantizado el apoyo del PNV.

Unidos Podemos mantiene su inclinación a la abstención, al igual que Compromís y que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos Ione Belarra ha señalado que tras la reunión de la dirección del grupo parlamentario que han mantenido hoy han decidido anunciar su posición mañana, aunque ha avanzado que el límite de gasto "no nos convence" y además "nace muerto" ya que la mayoría del PP lo rechazará en el Senado.

ERC y PDeCAT también han avisado que decidirán su voto en el último momento.

En el caso del PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha advertido de que la flexibilización del déficit es insuficiente y pide además un cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para relajar la regla de gasto y para cambiar el procedimiento de una norma que impide que la última votación la tenga el Congreso.

Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha anunciado que trabajan para sortear el rechazo definitivo que podrían tener los objetivos de déficit en el Senado, donde el PP tiene mayoría y se da por hecho que decaerán.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no prevé que se produzca una nueva votación en la Cámara Baja, algo que "no tiene sentido", -apunta el Gobierno y los socialistas- cuando la Ley de Presupuestos sí es devuelta al Congreso cuando es rechazada por el Senado.

"El Congreso es una cámara de referencia", inciden las fuentes socialistas, que recalcan que el Gobierno trabaja en ver las posibilidades que hay para "levantar el veto del Senado".

La Ley de Estabilidad Presupuestaria tiene carácter orgánico por lo que no puede ser modificada con un Real Decreto y requiere un trámite parlamentario complejo.

De hecho, creada por el Gobierno del PP en 2012 esta ley ya fue modificada en 2016 en su artículo 15 para que si tras una decisión de la UE resultara necesario revisar los objetivos de déficit y deuda pública de las Administraciones, el Gobierno pueda hacerlo aunque estuviera en funciones.

Este trámite de modificación, que fue rápido porque el PP contó con el apoyo del PSOE, de Ciudadanos y del PNV, duró un mes y medio.

Si mañana el Congreso rechaza la nueva senda fiscal, la ley estipula un plazo máximo de un mes para remitir unos nuevos objetivos que también deberían someterse a votación en las dos cámaras.

Sin embargo, el Ejecutivo se acoge a un informe de la Abogacía del Estado que indica que debe adoptar la última senda aprobada en las Cortes Generales, en este caso la del anterior Gobierno del PP y sigue insistiendo en que trabaja en la elaboración de los Presupuestos del año que viene.EFECOM

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