Coinciden en que la ley de contratos hoy ralentiza las licitaciones

Expertos que se han dado cita hoy en las jornadas "Oportunidades de la Ley de Contratos del Sector Público para[…]

Expertos que se han dado cita hoy en las jornadas "Oportunidades de la Ley de Contratos del Sector Público para las Empresas y el Empleo", han coincidido en la incidencia que tiene esta normativa en la actualidad en la generación de actividad para diversos sectores, pues ha ralentizado las licitaciones.

El vicepresidente de Coeba y secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha explicado que la paralización de licitación pública con motivo de la adaptación a la nueva ley comienza a tener efectos negativos en las empresas y en el empleo extremeños.

Según transmiten a la patronal administraciones locales, la norma dificulta a veces la posibilidad de licitar y con ello de impulsar obras "necesarias" e "imprescindibles".

Esta situación perjudica a comunidades autónomas como la extremeña, donde no solo las empresas pequeñas son mayoría, sino también por el peso de las administraciones públicas.

El vicepresidente de Coeba ha afirmado que tanto empresas como órganos de contratación tienen hoy "serias dificultades" para interpretar cómo aplicar la norma y si consiguen con ello el objetivo que la ley pretende.

Javier Peinado ha insistido en la incidencia que tiene para sectores como la construcción, hoy "fundamental" en la comunidad autónoma por su capacidad para generar actividad económica y empleo.

En este sentido, el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, ha afirmado que hasta el 9 de marzo, fecha de entrada en vigor de la ley, hubo un repunte en la licitación, pero después se produjo una "sequía", porque las administraciones no han podido adaptarse rápidamente, entre otros, a la contratación electrónica o a la elaboración de los pliegos con las exigencias de la ley.

Como ha explicado, la ralentización en obra pública se ha producido "sin duda", pues las cifras indican que desde el 9 de marzo solo se licita un tercio de lo que se efectuaba antes.

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Por este motivo, la Administración del Estado elabora pliegos e instrucciones para que la adaptación se produzca lo más rápidamente posible, sobre todo respecto a diputaciones y ayuntamientos.

La nueva ley supone un cambio muy significativo en el proceso de las licitaciones, pues entre otros incluye criterios sociales y medioambientales que deben registrarse en los pliegos, así como la obligatoriedad de la tramitación electrónica.

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