Ciempozuelos y Titulcia revisarán la deuda con la empresa de la basura

La Mancomunidad Intermunicipal Ciempozuelos-Titulcia, que tiene establecido un convenio entre los dos municipios desde 1991 para la recogida de la[…]

La Mancomunidad Intermunicipal Ciempozuelos-Titulcia, que tiene establecido un convenio entre los dos municipios desde 1991 para la recogida de la basura y limpieza viaria, ha decidido revisar de oficio la deuda reconocida en 2013 con la empresa European Cleaning, encargada del servicio desde 1998.

La decisión se ha adoptado a raíz de los informes elaborados por los técnicos municipales, de los que se desprende que el reconocimiento de la deuda que se aprobó en su día es nulo de pleno derecho.

Dichos informes se analizaron ayer en la reunión de la Junta General de la Mancomunidad, que se mostró a favor de iniciar el proceso para declarar la nulidad del acuerdo los grupos de Ahora Ciempozuelos, PSOE, PP y PIC, mientras que el PP de Titulcia votó en contra y el CPCI se abstuvo.

La Mancomunidad está presidida desde julio de 2015 por la alcaldesa de Ciempozuelos, Chus Alonso.

En 2013 la Mancomunidad fue condenada al pago de 3,7 millones de euros más intereses de demora por no haber abonado a la empresa el canon acordado, no recurriéndose entonces dicha sentencia, aunque se acordó un compromiso de pago, que es el que se decide ahora revisar.

La nulidad del acuerdo que apuntan los servicios técnicos se basa en dos motivos: Por un lado, el de que el presupuesto de la Mancomunidad en el momento de reconocerse la deuda era inferior a la misma; y por otro, en que se reconocieron facturas que el Ayuntamiento no estaba obligado a abonar, porque estas ya estaban incluidas en los pliegos como obligaciones de la empresa.

La Mancomunidad elevará el caso a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que, por otra parte, también tiene pendiente de resolver otro procedimiento relacionado con esta misma empresa para declarar definitivamente nulo el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos.

Mientras se resuelve la situación, para no perjudicar a los trabajadores se abonará a la empresa mensualmente unos 66.000 euros mensuales, que corresponderían a los gastos por prestación del servicio.

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