CE: propuesta griega para avanzar en rescate deberá discutirse en negociación

La Comisión Europea (CE) afirmó hoy que las propuestas que el Gobierno griego prevé presentar a sus socios europeos para reactivar la negociación de la segunda revisión del rescate al país deberán discutirse en el marco de este diálogo con sus acreedores y entre los Estados miembros de la eurozona.

"En lo que se refiere a la carta de oferta, hemos visto las informaciones. Tales temas deberán discutirse como parte de las negociaciones y entre los miembros del Eurogrupo", dijo el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El Gobierno griego anunció hoy que se presentará en el Eurogrupo del 26 de enero "con propuestas concretas en todos los asuntos pendientes" para reactivar las negociaciones sobre la segunda evaluación, en punto muerto desde hace semanas.

Estas medidas, esbozadas según la prensa griega en una carta enviada por el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, a los acreedores europeos -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)-, serían aplicables a partir de 2019, es decir, cuando termine el tercer rescate en curso.

Preguntado por la prensa a este respecto, Schinas no confirmó ni desmintió la recepción de la misiva por parte del Ejecutivo comunitario.

"Deseamos un discusión constructiva y continuaremos trabajando para facilitar mayores progresos de cara al Eurogrupo de esta semana", dijo el portavoz en referencia a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que se celebra el jueves en Bruselas y en la que se abordará la situación del rescate griego.

Schinas incidió en que "la Comisión Europea está trabajando de forma intensa con las autoridades helenas y otros socios para hacer el máximo progreso posible ante el Eurogrupo", y subrayó que el objetivo de la institución "sigue siendo concluir la segunda revisión lo antes posible".

De acuerdo con los medios griegos, el plan de Tsakalotos, que no ha sido ni confirmado ni desmentido por el Gobierno, incluiría recortes en el gasto público -fundamentalmente en los sueldos de los funcionarios-, subida del impuesto sobre la renta y nuevos recortes de las pensiones.