CCOO Madrid critica el trato "discriminatorio" de Montoro con la capital

CCOO de Madrid ha criticado hoy el trato "discriminatorio" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y sus "abundantes dosis de ideología partidista" respecto al Ayuntamiento de la capital, tras la petición de reservar 238 millones de euros por el incumplimiento de la regla de gasto.

En una nota de prensa, el sindicato ha comentado que "sin dedicar tiempo a analizar" los contenidos del Plan Económico Financiero (PEF) aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Montoro "aplica la más rígida de las interpretaciones de la regla de gasto de manera desigual a como lo realiza con otras administraciones".

"Además, otorga un plazo de tiempo que representa una auténtica amenaza en vez de ofrecer una oportunidad para rectificar", apunta.

Y es que el Ministerio de Hacienda ha dado un plazo de 15 días al Ayuntamiento de Madrid para reservar 238 millones de euros tras el incumplimiento de la regla de gasto en 2016.

Recientemente, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá con esta petición pero ha pedido más tiempo para poder hacerlo.

El Ayuntamiento de Madrid incumplió en 2016 la regla de gasto en 233 millones de euros, aunque según las cuentas del Gobierno municipal este incumplimiento no se hubiese producido de no tener que costear competencias impropias.

La Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas obliga al Consistorio a formular un plan que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos de gasto.

El Gobierno de Manuela Carmena sacó adelante la pasada semana con el apoyo del PSOE un plan económico financiero que, en lugar de proponer recortes por el incumplimiento de la regla de gasto en 2016, planteaba al Gobierno una interpretación alternativa de la regla de gasto y las normas de estabilidad presupuestaria.

CCOO de Madrid opina que la regla de gasto es "una pieza de la política austericida que provoca que los frutos del crecimiento económico se distribuyan de manera injusta, muy desigual" y ha dicho que estas "exigencias" no pueden "en modo alguno dirigirse contra el gasto social ni contra los empleados públicos".

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