Carrera contrarreloj jordana para evitar consecuencias por ajuste económico

El Gobierno Jordano trabaja en una carrera contrarreloj para evitar las consecuencias negativas de un plan de ajuste económico, supervisado[…]

El Gobierno Jordano trabaja en una carrera contrarreloj para evitar las consecuencias negativas de un plan de ajuste económico, supervisado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente provocó manifestaciones en las calles del país.

La capital jordana, Ammán, y otras ciudades importantes fueron durante las dos últimas semanas escenario de manifestaciones que instaron a la renuncia del Gobierno del primer ministro jordano Hani Mulqui después de elevar los impuestos sobre docenas de bienes y servicios de consumo.

"Los impuestos indirectos suelen golpear a la clase media y a la baja más que a otros sectores de la población", afirmó a Efe el profesor de Economía de la Universidad de Jordania Alaa Tarawneh.

"La carga debería haber sido distribuida de manera más justa, de modo que parte de ella sea asumida por los productores", agregó.

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Tarawneh señaló asimismo que el Gobierno "no debería haber aceptado las duras condiciones del FMI, que están destinadas a afectar la paz social del país, o al menos deberían haber repartido el programa durante más tiempo".

En el marco de un plan de ajuste de tres años, firmado el pasado junio de 2016, el FMI quiere que el país reduzca su deuda pública total del 94% al 73% para 2021.

La deuda pública total de Jordania, interna y externa, se situaba en unos 25.000 millones de dinares (35.000 millones de dólares) a mediados de 2016, según estadísticas oficiales.

La implementación del programa requiere llevar a cabo un conjunto de cambios en la política fiscal y monetaria, incluyendo el aumento del impuesto sobre las ventas de unos 90 bienes de consumo y la reducción de los subsidios a los bienes públicos, incluyendo la electricidad y el agua, lo que supone también un aumento de los precios.

El plan supervisado por el FMI requiere que Jordania reduzca el déficit de su presupuesto público a alrededor del 3 por ciento del PIB, y actualmente se sitúa en más del 5 por ciento.

Las críticas al Gobierno, durante las manifestaciones y en la prensa, también se centraron en el fracaso en la lucha contra la corrupción, que incluye la evasión de impuestos y de las tasas aduaneras, que los economistas cifran en unos cuatro mil millones de dólares.

"Esta cifra es realmente impactante", aseveró Tarawneh, porque "el gasto del Gobierno debería haber sido financiado de otra manera, mediante la aplicación de mejores sistemas y más justos para la recaudación de impuestos y tasas de aduana", agregó.

Por otra parte, el jefe de la sección de economía del diario Al Rai, Issam Qadamani, aseguró a Efe que el efecto de los últimos impuestos fue "exagerado porque la gente no leyó los datos reales".

Sin embargo, "lo que la gente percibe es un aumento del coste de vida que no pueden soportar, dada la alta tasa de desempleo y la carga exacerbada de los refugiados sirios que se pelean con los jordanos por el trabajo".

También atribuyó el empeoramiento de la situación económica en Jordania al cese de la ayuda económica de los países ricos y miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, y a la caída de los precios del crudo.

"Además, las donaciones de la comunidad mundial han sido hasta ahora insuficientes para hacer frente a la carga de los refugiados sirios que compiten con los jordanos por los servicios subvencionados de educación y salud, por los recursos hídricos y la infraestructura", dijo Qadamani.

En la actualidad, Jordania acoge a cerca de 1,4 millones de sirios, incluidos unos 630.000 refugiados que huyeron de su país desde marzo de 2011.

Al presentar el presupuesto de 2017 al Parlamento, el ministro de Finanzas, Omar Malhas, informó de una desaceleración en el desarrollo económico del país "debido a la carga financiera de los refugiados sirios y la turbulencia política y militar".

El rey Abdalá II de Jordania intervino la semana pasada para ayudar a evitar un enfrentamiento entre el Gobierno y la cámara baja del Parlamento sobre las consecuencias de la última subida de impuestos, particularmente después de que varios diputados firmaran una petición para retirar la confianza al Gobierno de Mulqui.

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