Canarias pide una financiación sostenible, adicional a su Régimen Fiscal

El Gobierno canario ha pedido que su Régimen Económico y Fiscal (REF) quede al margen de la financiación autonómica en el informe que ha remitido al Ministerio de Hacienda para elaborar un nuevo sistema que garantice la eficiencia, sostenibilidad y equilibrio del estado de bienestar.

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), ha explicado que este informe también ha sido enviado a los distintos grupos políticos del Parlamento canario, de los que espera un "apoyo unánime" a esta propuesta, como ya ocurrió cuando se planteó que los recursos del REF no formaran parte del sistema de financiación autonómico.

Dávila ha explicado que una de las cuestiones que plantea el informe canario es que se deben evaluar los costes reales de los distintos servicios del estado de bienestar que prestan las comunidades autónomas.

Así mismo, solicita que se incluya la atención a la dependencia dentro del nuevo sistema y que esta sea financiada con cargo al Fondo Básico de Financiación (FBF) que propone Canarias.

El documento canario defiende que el nuevo sistema incluya de manera explícita el principio constitucional de "lealtad" para garantizar la prestación de los servicios por parte de las comunidades autónomas y que se actualicen los estatutos de autonomía en condiciones similares, de manera que dispongan del marco competencial e institucional en los denominados "Estatutos de segunda generación".

Canarias defiende además un modelo "sencillo y transparente" que contenga un FBF para asegurar un mínimo de financiación a todas las comunidades en cuanto a las competencias que tienen asumidas; un Fondo Complementario de Financiación (FCF), financiado con aportaciones o transferencia del Estado para competencias singulares; y un tercer Fondo de Nivelación Vertical (FNV).

Este último, financiado con transferencias aportadas por la administración central, tiene como fin reducir las desigualdades que persistan tras la aplicación de los dos anteriores.

En cuanto al reparto fiscal, considera que es necesario mejorar la coordinación entre la administración central y las autonomías de cara al reparto tributario, potenciando el espacio fiscal propio de las comunidades.

El Ejecutivo se muestra contrario al establecimiento de nuevos copagos propuestos por el Comité de Expertos del Sistema de Financiación, sobre todo en el caso de la sanidad, la educación y los servicios sociales, por entender que generaría desigualdad entre la población.

En relación a cómo debe ponderar la población, se expone que además de la lejanía se debe tener en cuenta la doble insularidad en las cuatro áreas a financiar.

Además, en el caso de la sanidad, considera que debe recoger la población protegida por el sistema sanitario público y atender a los los indicadores de renta y a la población flotante.

En materia educativa, propone utilizar el indicador de usuarios o demanda potencial de la población escolar identificada la misma con la población empadronada con edades comprendidas de 0 a 18 años. Además, también reclama que el criterio en el caso de las enseñanzas universitarias sea el de usuarios potenciales.

En políticas sociales, el documento canario reclama la utilización de dos indicadores para la medición de las necesidades de gasto, el índice AROPE (miden riesgo de pobreza, carencia material severa o baja intensidad de trabajo en el hogar) y el número de personas mayores de 65 años.

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