Bruselas sugiere que las eléctricas cobran demasiado por dar suministro

 La Comisión Europea ha puesto en duda el sistema de ayudas estatales por el que las eléctricas reciben miles de millones cada año a cambio de que determinadas centrales se mantengan abiertas para garantizar el suministro de luz en casos de demanda extrema de hogares e industrias. Bruselas sostiene que este mecanismo, denominada pagos por capacidad, supone una amenaza para las finanzas «al utilizar fondos públicos para financiar una capacidad cara e innecesaria que de lugar a precios más elevados para los consumidores».

El resultado del informe publicado este miércoles por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, deja claro que la actuación de 11 países -entre ellos, Alemania, Francia, además de España-, a la hora de calcular los importes derivados a las compañías para sostener la red en cualquier momento del día o la noche pueden ser más elevados de lo que realmente precisan. Estos sistemas «se diseñaron en el pasado sin evaluar previamente si existía un problema de seguridad de abastecimiento», indica la Comisión Europea. Además, recuerda que «no tienen en cuenta un posible suministro desde países vecinos» gracias a las interconexiones fronterizas.

Con el resultado de esta investigación preliminar, Bruselas ha abierto un plazo de consultas hasta el 6 de julio para que los Estados y corporaciones del sector rebatan sus argumentos. Aunque Competencia ha mostrado conclusiones de calado como que, si se confirman sus sospechas, los pagos por capacidad «pueden dar lugar a precios más elevados» de la luz.

Las repercusiones del análisis de este mecanismo afecta a una parte importante de la factura de la luz, tal y como se encuentra configurada en España. El año pasado, el Estado retribuyó a las compañías eléctricas cuyas centrales se utilizan para mantener el suministro con 308 millones de euros, según la liquidación del sistema elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Suponían una media de hasta 4,7 euros por megavatio/hora (Mwh), para los consumidores domésticos. Se trata de una variable que se encuentra integrada en la parte fija del recibo, junto al peaje de acceso -la cuantía por tener potencia contratada-, el servicio de interrumpibilidad -la compensación que se ofrece a determinadas industrias por desconectarse de la red en caso de que sea necesario para mantener el suministro-, o las primas a determinadas energías, entre otros conceptos.

Sin embargo, el Gobierno decidió rebajar esa cuantía tanto a mediados del año pasado como a principios de 2016. Esta medida permitió al Ejecutivo proponer una rebaja media de la factura de la luz cercana al 2%; y, al mismo tiempo, a recortar las cantidades que las eléctricas perciben por este concepto, que se puede revisar por parte de Industria en cualquier momento del año con carácter discrecional. Es la herramienta de la que se vale el ministerio para poder bajar el recibo.

Las plantas eléctricas que reciben estos pagos por capacidad son las que, habitualmente, menos energía aportan al sistema, al ser las más caras en las operaciones del mercado diario ('pool') que se materializan diariamente, frente a las eólicas, hidráulicas e incluido las nucleares. En concreto, son las de ciclo combinado y las de carbón las que reciben estas cuantías. Su presencia sigue siendo necesaria, a juicio de la UE, y supone «una preocupación» para muchos países por su incapacidad para garantizar al 100% el suministro, aunque la Comisión recomienda utilizar otros cálculos para definir la compensación que ese trabajo adicional debe recibir.