Bruselas quiere acabar progresivamente con los vetos en temas de fiscalidad

La Comisión Europea (CE) presentó hoy una propuesta para avanzar progresivamente hacia la toma de decisiones por mayoría cualificada en temas de política fiscal, que ahora necesitan la unanimidad de los 28 países de la Unión Europea y pueden quedar bloqueados con el veto de un solo Estado.

Bruselas cree que la unanimidad ha paralizado iniciativas que permitirían mejorar la recaudación, facilitar la vida a las empresas o responder a cambios globales porque los Estados usan el de veto para reducir la ambición de las propuestas o incluso como arma negociadora para conseguir concesiones en temas totalmente distintos.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, consideró que la unanimidad es "legalmente problemática y económicamente contraproducente" y llamó a los países a iniciar el debate pese a la "sensibilidad" que suscita, dado que la política tributaria es una de las competencias nacionales más preciadas por las capitales.

De las catorce presentadas desde 2014, siete han quedado bloqueadas en el Consejo por la oposición de uno u otro país, según la Comisión.

La mayoría cualificada permitiría sacarlas adelante con el apoyo de 16 de los 28 Estados de la UE que representen al menos al 65 % de la población.

Asimismo, Bruselas propone introducir el sistema de codecisión para las propuestas de fiscalidad, de modo que para entrar en vigor necesiten, además del apoyo de los países, el visto bueno del Parlamento Europeo, con lo que este dejaría de tener solo un papel consultivo y podría enmendar legislación.

Sin embargo, para efectuar el cambio hacia la mayoría cualificada, que ya se ha hizo en el pasado en otras áreas políticas y se usa en la mayoría de ellas, se requiere el visto bueno de todos los países, así como la aprobación de la Eurocámara y los parlamentos nacionales.

Para allanar el camino, la Comisión propone avanzar por fases, de modo que en la primera se introduzca la mayoría cualificada solo en las propuestas relativas a la cooperación entre Estados en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En la segunda se adoptaría para aquellas iniciativas en las que la política tributaria contribuya a otros objetivos europeos, en particular clima y energía.

En la tercera etapa, la mayoría cualificada se utilizaría para modernizar algunas de las reglas fiscales que ya están armonizadas al nivel de la UE, como las del IVA o ciertos impuestos específicos, mientras que en la cuarta se introduciría para grandes proyectos en materia fiscal.

Sería el caso de la base común consolidada del impuesto de sociedades (BICCIS) o de un nuevo sistema de tributación para la economía digital, que ya han sido planteadas a los países pero avanzan muy lentas por la unanimidad.

La Comisión llama a los países adoptar rápido las dos primeras fases y que consideren la tercera y cuarta para el final de 2025.

La propuesta no plantea, en ningún caso, dar nuevas competencias a la UE en materia de fiscalidad ni impedir a los Estados que fijen sus propios tipos impositivos, subrayó el Ejecutivo comunitario.