Ayuntamientos y Hacienda crean una comisión para estudiar la regla de gasto
Los municipios critican a Montoro por «no tener prisa» en responder a sus propuestas sobre el impuesto de plusvalía tras la anulación del TC
Los ayuntamientos consiguieron arrancar este lunes a Hacienda la creación «inmediata» de un grupo de trabajo para estudiar la regla de gasto, la normativa que impide a los municipios utilizar todo el superávit presupuestario que generan cada año. Ese fue el acuerdo alcanzado en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada este lunes y que supone cumplir con una medida que ya fue anunciada por el Gobierno a principios de año. «Lo prometieron y no han cumplido. Pero a propuesta nuestra la próxima semana se creará», explicó el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.
El año pasado las corporaciones locales lograron un saldo positivo de 7.083 millones, equivalente al 0,64% del PIB, pero no lo pueden gastar todo. Este superávit, el quinto consecutivo, permitió al Gobierno compensar los desfases registrados en otras administraciones, como fue el caso del Estado (tres décimas) y en menor medida de las comunidades (desvío de una décima). Ese es otro de los motivos por los que el departamento que dirige Cristóbal Montoro se resiste a modificar la regla de gasto. De hecho, sin este superávit España habría incumplido el año pasado la senda de estabilidad pactada con Bruselas.
En cualquier caso, la regla de gasto impide que cualquier administración -no sólo los ayuntamientos- puedan incrementar su gasto más allá de un determinado porcentaje que se calcula cada año en base a varias fórmulas, pero que generalmente va en línea con el crecimiento de la economía. En 2017 es el 2,1%.
Inseguridad jurídica
Otra de las batallas que los ayuntamientos libran con Hacienda tiene que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo que invalida la tributación del impuesto de plusvalía municipal cuando se producen pérdidas en la venta del inmueble. Caballero insistió en que el fallo crea una gran «inseguridad jurídica» porque los ayuntamientos no saben cómo actuar. En este sentido, recordó que presentaron al Gobierno dos propuestas para modificar el gravamen.
Sin embargo, el presidente de la FEMP reprochó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el retraso en contestar y su intención de que sean los expertos que trabajan en la reforma de la financiación local los que se pronuncien sobre una alternativa al impuesto. «No tienen prisa. Pero no podemos esperar», señaló. Por eso anunció que se reunirán «de forma inmediata» con esos expertos. Además, los municipios quieren que sea Hacienda quien asuma el coste final de las posibles reclamaciones de los contribuyentes.
