Autoescuelas catalanas prevén ERTE de mil profesores por huelga examinadores

Las autoescuelas catalanas prevén un Expediente de Regulación Temporal (ERTE) que afectará hasta a 1.000 profesores y que anunciarán el[…]

Las autoescuelas catalanas prevén un Expediente de Regulación Temporal (ERTE) que afectará hasta a 1.000 profesores y que anunciarán el próximo 5 de septiembre si la huelga de examinadores se hace efectiva, según el colectivo Les autoescoles diuen prou.

Así lo ha explicado su portavoz, Jaume Valls, en rueda de prensa, que ha considerado que esta huelga, que consistirá en parar tres días a la semana y trabajar los otros dos durante septiembre, como sucedió en junio y julio, "si no ilegal, es poco seria" y, además, ha alertado de que no solo afecta a su colectivo, sino también a la venta de vehículos, empresas de transporte y aseguradoras.

Asimismo, Valls ha pedido que se indemnice a las autoescuelas por las pérdidas económicas que han tenido como consecuencia de la huelga de junio y julio, como inversiones realizadas en vehículos y locales necesarios para el funcionamiento del negocio y aquellas directamente relacionadas con el parón, como multas por no poder realizar los exámenes.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Autoescuelas de Cataluña, Joan Sala, ha reclamado que, para garantizar el buen funcionamiento del servicio de exámenes de conducir, se necesitan más examinadores, entre 35 y 40 más, y más personal administrativo para agilizar los trámites requeridos.

Sala ha informado que, según cálculos de la Federación, en Cataluña hay un total de 112 examinadores y 200 trabajadores de personal administrativo, cantidad que el vicepresidente cree que es insuficiente para dar una buena respuesta a los alumnos que quieren examinarse.

Como solución para el conflicto actual, que va atrasando la subida a examen de los alumnos desde junio y que va acumulando una cifra cada vez mayor, Valls ha reclamado la intervención de la Guardia Civil para aligerar el número de alumnos que aún no han podido hacer el examen, colectivo que considera que solo tendría que hacer un examen de adaptación porque ya tiene conocimientos de seguridad vial.

Si esta solución no fuera posible, el portavoz ha explicado que el siguiente paso que seguir es el de buscar el apoyo de los partidos políticos para que se produzca el traspaso de las competencias referentes a los exámenes de conducir a las respectivas comunidades autónomas, ya que ahora recae en el Estado.

Valls también ha propuesto que el servicio que realizan los examinadores de tráfico podría optar por la privatización o la externalización.

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La última propuesta que el portavoz de la plataforma ha defendido ha sido la de utilizar reservistas del Ejército, medida que ha sido mencionada por el Gobierno central, quienes, tras una formación, podrían realizar la misma función que los examinadores.

Para Valls alguna de estas cuatro medidas es necesaria que se lleve a cabo porque, según su colectivo, se calcula que el "tapón de alumnos" que aún no ha podido subir a examen, hoy por hoy, no se solucionaría hasta Semana Santa del año que viene, lo que podría provocar el colapso del sector si no se remedia ya y si va creciendo con la huelga de septiembre.

También presente en la rueda de prensa, el director de socios colectivos de PIMEC, Jacint Soler, ha defendido que una posible solución para el conflicto pasaría por una mediación voluntaria entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y el colectivo de examinadores.

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