Ataques a defensores de DDHH en Colombia, una película de terror que no acaba

Como si de una "película de terror" se tratara, los defensores de derechos humanos en Colombia sufrieron en 2015 un[…]

Como si de una "película de terror" se tratara, los defensores de derechos humanos en Colombia sufrieron en 2015 un aumento de las persecuciones que dejó 63 activistas asesinados, cifra que contrasta con la reducción de la violencia en el país generada por las negociaciones de paz con las FARC.

Los datos quedan recogidos en el informe "El Cambio", en el que la ONG Somos Defensores repasa hoy la situación de los activistas en el país.

"El Cambio" recurre a símiles cinematográficos para explicar una realidad "que supera a la ficción" y a veces "pareciera una película de terror", pues mientras muchas regiones de Colombia sienten una reducción de la violencia por los diálogos con las FARC, las agresiones a activistas van en aumento.

En 2015 las agresiones totales crecieron un 9 % y se situaron en 682 ataques, siendo la mayoría de ellos amenazas (539) seguidos de 63 asesinatos, 35 atentados y 26 detenciones arbitrarias, entre otros.

Las cifras preocupan especialmente a Somos Defensores porque si se comparan con 2014 se registra un incremento de las amenazas, que ese año fueron 488, y de asesinatos, que pasan de 55 a 63, mientras que el resto de agresiones "se mantuvieron en los mismos niveles o descendieron ligeramente".

Los homicidios crecieron un 13 % en el último año y correspondieron a 55 hombres y ocho mujeres, siendo especialmente afectada la comunidad indígena, que perdió a doce líderes en 2015.

"Paradójicamente en 2014 se observaba positivamente la baja en los homicidios con respecto a 2013; sin embargo en 2015 esta agresión vuelve a registrar datos preocupantes", destaca la ONG en el informe.

El incremento de homicidios también alerta a Somos Defensores porque se produce "en una de las épocas con menor número de homicidios en Colombia", donde el avance de las negociaciones de paz ha contribuido a que el último semestre sea "el más pacífico de los últimos 51 años", según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).

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Además, estadísticas del Ministerio de Defensa muestran que los homicidios en Colombia bajaron de 13.343 en 2014 a 12.673 en 2015, lo que añade más contradicción a la situación de los defensores.

Frente a esta paradoja, la organización apunta que "la gran mayoría de los homicidios ya no se concentran en una región del país como en las épocas álgidas del conflicto, sino que cada vez más comienza a redistribuirse estas muertes en pequeñas proporciones pero cada vez en más departamentos".

Además, "muchos de estos casos de homicidio están relacionados a acciones fuera del conflicto como denuncias por microtráfico, extorsiones y corrupción administrativa".

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Otro dato que destaca el informe es que la mayoría de los activistas asesinados fueron atacados en su propia vivienda o en los alrededores (26 de los casos), lo que muestra, a juicio de Somos Defensores, "premeditación y seguimiento".

De los 63 defensores que murieron, cuatro contaban con medidas de protección, y el 33 % de ellos habían denunciado amenazas previas.

Sobre los presuntos autores, el informe recoge que en 51 de los casos es desconocido, en tanto que se sospecha que seis de ellos fueron cometidos por paramilitares, cuatro por la fuerza pública y dos por las guerrillas.

Por otro lado, con respecto a las amenazas en 2015 destaca la constancia de 27 de categoría masiva "contra cerca de 400 defensores" en 10 de los 32 departamentos de Colombia.

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La mayoría de las amenazas se registran en Bogotá (269 casos), seguido de 91 en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), 42 en Atlántico (norte) y 34 en Cauca (suroeste) y Sucre (norte), entre otros.

Sobre el total de 682 agresiones del año pasado, datos recogidos por la ONG apuntan como presuntos autores del 66 % de los casos a grupos paramilitares, el 25 % a desconocidos y el 7 % a la fuerza pública.

A partir de estas cifras, Somos Defensores concluye que "las bacrim (bandas criminales) y el crimen organizado son y serán el principal agresor de los defensores de derechos humanos en la etapa de transición y posconflicto" que el Gobierno espera alcanzar con las FARC próximamente.

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