Adjudican a Eiffage la explotación 30 años de la futura terminal de graneles

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha adjudicado hoy al grupo Eiffage la construcción y explotación por 30 años de una terminal de graneles en el muelle 17.

En un comunicado, la APA ha informado de que se prevé que las obras finalicen aproximadamente en diciembre de 2019 sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados y con una única nave cerrada de 362 metros de longitud, por 50 de anchura y 17 de alto.

El presidente del puerto, Juan Antonio Gisbert, ha señalado que el tráfico de mercancías sólidas a granel absorbe más de la mitad del volumen total que se mueve en el recinto, por lo que es esencial para garantizar su suficiencia económica y, por tanto, su propia existencia como puerto de interés general.

Ha recordado que el puerto de Alicante registró en 2016 el mayor crecimiento de tráfico de mercancías entre todos los del sistema portuario español, con una tasa de casi el 33 por ciento, un volumen que se consolidó en 2017.

Ello fue posible gracias a la captación de nuevos tráficos de mercancías a granel, concretamente de caliza y de yeso, haciendo que el volumen total de graneles sólidos movidos se incrementara un 53 por ciento.

La Autoridad Portuaria considera imprescindible hacer sostenible en el tiempo este tráfico de referencia y ha continuado que ha "venido trabajando prudentemente durante los últimos dos años con el objetivo de crear unas condiciones que hicieran atractiva a la iniciativa privada abordar una inversión tan importante para construir y explotar una terminal de graneles, con naves cerradas, que mejore sustancialmente las condiciones medioambientales".

En este punto, el presidente de la APA ha aclarado que las naves no pueden ser financiadas con recursos públicos distintos de los de la propia Autoridad Portuaria, dado que no resulta factible recibir subvenciones públicas porque vulnerarían el derecho a la libre competencia, al ser consideradas ayudas de Estado.

Según el puerto, "no hay ni un solo puerto en España en el que existan naves cerradas que hayan sido financiadas con recursos públicos. Por tanto, en los pocos casos en que las mercancías sólidas a granel se mueven en naves cerradas, se trata de concesiones privadas. Por eso, cuando la Autoridad Portuaria consideró que podría ser posible contar con la iniciativa privada, se adoptó el acuerdo de sacar a licitación un concurso público para la construcción y ADJU".

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