Activista Guatemala llama a "responsabilidad social" para reclamar derechos

La activista de Guatemala Lolita Chávez, refugiada política en España desde hace más de un año, ha hecho un llamamiento hoy a la "responsabilidad social" para reclamar que se respete el derecho a defender los derechos humanos que, en algunos países como el suyo "se están vulnerando continuamente".

Chávez ha acudido hoy a las Cortes de Castilla y León, junto al coordinador de IU en la comunidad, José Sarrión, para apoyar y dar valor a la propuesta de declaración institucional del parlamento autonómico, en defensa de los activistas que luchan por que se aplique la Declaración de Naciones Unidas sobre la defensa de los derechos humanos, de la que se celebra el 70 aniversario.

Sarrión ha puesto como ejemplo la situación que vive Chávez para impulsar la iniciativa de la declaración institucional, que ya se ha llevado a cabo en varias comunidades autónomas, para "reafirmar el compromiso de las Cortes de Castilla y León con la consideración de los derechos humanos individuales y colectivos".

En este sentido, el escrito recoge la necesidad de apoyar y garantizar la creación y desarrollo de instituciones nacionales independientes, encargadas de promover y proteger los derechos humanos y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas frente a la violencia, amenaza o represalia ante su defensa de los derechos.

Según ha advertido Sarrión, en los últimos años se ha perdido el valor del discurso de los derechos humanos, en detrimento de otros principios e intereses políticos, geoestratégicos, económicos y comerciales y, en este sentido, ha recordado que "muchas multinacionales, amparadas en la impunidad de actuación de los gobiernos, están vulnerando la defensa de esos derechos".

Jesús González, miembro de la organización en defensa de los derechos humanos que ha acogido a Lolita Chávez en el País Vasco, ha explicado que "en muchos países, como Guatemala, Honduras, México o Perú, los gobiernos incumplen, de manera sistemática, los derechos humanos de los activistas que buscan impedir la invasión de las comunidades por parte de las transnacionales".

Las oligarquías locales y las elites económicas, amparadas por los gobiernos "dan entradas a diferentes transnacionales que realizan procesos extractivos en las comunidades indígenas ante los que luchan sus habitantes, para evitar la destrucción de su aldea, los cuales son sometidos a procesos de criminalización".

El fin es impedir que puedan paralizar la actuación de las empresas que, como en el caso de A.C.S, cuyo presidente es Florentino Pérez, ha centrado sus intereses en la aldea de Lolita Chávez, a través de una subcontrata de C.M.I "que forma una de las alianzas estratégicas más importantes en Centroamérica".

Fruto de su lucha contra la actuación de dicha empresa, Lolita Chávez fue perseguida y amenazada, lo que le obligó a salir de su país y refugiarse en España, pero su caso no es el único, ya que hay "muchas personas que están sufriendo esta persecución y muchos presos políticos que cumplen veinte, treinta o cuarenta años de cárcel".

Por este motivo, Chávez se ha dirigido a las Cortes de Castilla y León para que apoyen la declaración institucional sobre los defensores de los derechos humanos, y ha reclamado que el "estado español asuma la responsabilidad que tiene", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la "protección de los derechos territoriales y a un mayor control sobre las empresas que actúan en Latinoamérica".

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