'Brexit': El reto que queda por delante

La mayoría de Reino Unido votó en el referéndum europeo por apartarse de la UE para recuperar la soberanía de su Parlamento, pero un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Liverpool afirmó esta semana ante el Comité de Hacienda de la Cámara de los Comunes que la tarea legislativa que se avecina es «gigantesca», que el Parlamento no podrá acometerla en el corto plazo y que tendrá que ceder poderes legislativos al Gobierno.

Michael Dougan, que se especializó en Derecho europeo y constitucional en la Universidad de Cambridge, acusa a la campaña del 'out' de «deshonestidad a una escala industrial» por prometer, entre otras cosas, pleno acceso al mercado común, total soberanía legislativa y judicial y acabar con el libre movimiento de personas, que son incompatibles en cualquiera de las modalidades de nueva relación con la UE que se han propuesto.

Preguntado en primer lugar por el presidente del Comité de Hacienda, Andrew Tyrie, sobre cuáles serían las consecuencias constitucionales de un ingreso en el Espacio Económico Europeo (EEE), que agrupa a los países de la UE más a Noruega, Islandia y Liechtenstein, de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Dougan explicó que la soberanía parlamentaria y judicial dentro de la EEE es un mito.

El chiste noruego es que el país se ha convertido en una 'democracia por fax' para ilustrar que tiene que aceptar la legislación de la UE en las áreas compartidas. La AELC tiene una autoridad supervisora y un tribunal común, que adoptan las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo. Y solo Liechtenstein, un principado de 160 kilómetros cuadrados y menos de 40.000 habitantes, ha logrado exenciones al principio de libre movimiento de personas.

La relación de Suiza, miembro de la AELC, pero no del EEE, es distinta. Tiene más de doscientos tratados bilaterales comerciales con la UE y un problema enrevesado después de que un referéndum celebrado en 2014 adoptase por mayoría que Suiza, que pertenece al área Schengen de unidad fronteriza, establezca cuotas de inmigrantes, algo que Bruselas ha considerado incompatible con buena parte de los tratados bilaterales.

Empezar de cero

La tarea ahora de los británicos, si quieren mantener el acceso al mercado común y eliminar el libre movimiento de personas, es definir su ambición concreta, cómo es en todo su detalle la nueva relación entre Reino Unido y la Unión Europea y cómo diseñar en todos esos aspectos técnicos los objetivos políticos y económicos para múltiples sectores; y que eso desemboque en un acuerdo con Bruselas sin precedentes, y contra los tratados de la UE, que incluya la eliminación del libre movimiento, soberanía absoluta de su Parlamento y acceso al mercado común.

En la política tragicómica hacia la que ha descendido vertiginosamente Reino Unido en torno al referéndum europeo, el consuelo es que buena parte de la primera tarea ya está hecha. Presentado por diversas fuentes como un apaño que los conservadores de David Cameron y los liberal-demócratas de Nick Clegg lograron para sortear sus diferencias sobre la convocatoria de un referéndum que el primero quería legislar, el programa del Gobierno de coalición de 2010-15 incluyó la realización de un Balance de Competencias de la UE.

Bajo la dirección de un diplomático del Foreign Office, produjo 32 gruesos tomos tras consultar a los sectores directamente afectados por las políticas europeas y por el reparto de poderes entre Londres y Bruselas. El balance fue que, incluyendo reparos a esto o a aquello, el balance actual era correcto y que no había necesidad de cambios radicales. Pero los tomos se enterraron sin pena ni gloria. Eran políticamente inconvenientes. Ahora son una fuente primaria de información para todo lo contrario, la gigantesca tarea preliminar del 'Brexit'.

Robin Niblett, director de Chatham House, que es el centro británico de estudios sobre la política internacional por excelencia, afirmó ante el comité que las próximas semanas son las más importantes porque el Gobierno británico, cuando se forme, tendrá que cotejar con sus socios europeos qué es posible y sobre todo lograr que la negociación de la retirada se haga en paralelo con el futuro acuerdo. La letra del Artículo 50 y algunas declaraciones en Bruselas tras el voto británico han sugerido que se debe negociar, primero, la retirada y después el acuerdo comercial.

Una notificación en septiembre a la UE y el comienzo del plazo de dos años para cerrar el acuerdo de retirada, como ha propuesto Andrea Leadsom, candidata al liderazgo de los conservadores y a la jefatura de Gobierno, obligaría a crear múltiples leyes domésticas, grandes y pequeñas, para no «causar estragos en la autoridad de múltiples entes y en las relaciones legales de individuos y empresas», según Dougan. La idea de los expertos es que, con elecciones en Alemania y en Francia en 2017, la más pronta notificación oficial de retirada concebible llegaría al final del año próximo.