UGT urge a convocar la comisión de seguimiento del Plan de Garantía Juvenil

UGT ha pedido al Gobierno en funciones que convoque una reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Garantía Juvenil, puesto que sólo 19 de cada 100 desempleados menores de 30 años están inscritos en este programa.

En un comunicado, UGT ha afirmado que el Gobierno sigue "obviando" el diálogo social en esta materia, ya que "se desconocen las actuaciones", ejecutadas por las comunidades autónomas, que se están llevando a cabo en el marco de este plan en materia de orientación, formación e inserción.

Para el sindicato, el impacto de este plan está siendo "nulo", ya que en el último año se han perdido 183.200 activos menores de 30 años, frente al descenso en el número de desempleos en 181.100 jóvenes.

En este sentido, ha advertido de las "consecuencias nefastas" que tendrá a largo plazo para España esta pérdida de jóvenes en edad de trabajar.

Según los datos recogidos por UGT del registro del Plan de Garantía Juvenil, a 31 de marzo 245.725 jóvenes menores de 30 años estaban inscritos en el programa, sólo un 19 % del total de desempleados de este tramo de edad que figuran en la última Encuesta de Población Activa (670.100 personas).

El sistema de garantía juvenil, implantado en toda Europa, obliga a que los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal.

El sindicato ha señalado que estos datos se deben a que los jóvenes "encuentran pocos incentivos para darse de alta en un sistema del que se desconocen sus ofertas de formación y empleo".

Por otro lado, ha asegurado que desde Bruselas deberían llegar a España 1.887 millones de euros para "cofinanciar gastos" para jóvenes no ocupados y que no están recibiendo formación, un gasto que si no llega a ejecutarse obligará a devolver los fondos europeos.

Así, ha animado al Gobierno a que plantee unas políticas activas, con la participación de los interlocutores sociales, "que no se basen en subvencionar al sector privado a través de las bonificaciones a la contratación" y que mejoren el empleo y la cualificación entre los jóvenes.