La CIG ha pedido hoy en el juzgado de Instrucción de Verín que se "incoen diligencias penales y las investigaciones oportunas" para esclarecer los continuos vertidos al río Támega entre los años 2011 y la actualidad así como para tratar de localizar a "los responsables" de los mismos tras criticar los "continuos daños" al medio ambiente.
Esta denuncia se produce tras el vertido ocurrido el pasado 7 de mayo en el Támega (Ourense), de sustancias y residuos químicos de origen desconocidom que provocó "la contaminación de sus aguas", así como la emisión de un bando municipal en el que el ayuntamiento aconsejaba no consumir agua potable, después de que las analíticas detectasen niveles preocupantes de pH (7,8).
En concreto, dicho vertido estuvo compuesto por "aluminio en un volumen 7,5 veces superior a lo permitido", arsénico y hierro, todos ellos con valores por encima de lo que establecen los criterios sanitarios en cuanto a la calidad del agua para consumo humano.
A raíz de estos hechos, el propio Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, abrió una actuación de oficio "para conocer las circunstancias del vertido" de residuos ocurrido a principios de esta semana al río Támega, a la altura de Verín (Orense) y cuyo origen pudo estar en la rotura de una balsa durante las obras del AVE.
Por el momento, la CIG ha pedido que se libren oficios al ayuntamiento de Verín para que aporte informes relacionados con los "análisis químicos realizados desde principios de 2018 hasta la actualidad", además de "copia de las denuncias administrativas" presentadas por el ayuntamiento de Verín y también al consistorio de Laza, en el mismo sentido.
También ha solicitado la apertura de oficio a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a fin de que aporte "copia de los expedientes de actuación incoados" como consecuencia de los vertidos contaminantes producidos en este río orensano "en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018" y que se libren oficios a la Confederación Hidrográfica y a Adif.
En este último caso, la CIG quiere que Adif aporte la "listado de empresas, direcciones y representantes legales de las adjudicatarias" que están llevando a cabo las obras de Alta Velocidad que se están desarrollando en los tramos que transcurren por el ayuntamiento de Laza (Ourense) a fin de analizar si alguna de ellas puede tener algún tipo de responsabilidad respecto a los vertidos.
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