CECALE alerta de progresivo cambio de domicilio fiscal de empresas de CyL
Durante el primer trimestre del año 80 empresas asentadas en Castilla y León han cambiado su domicilio fiscal, según ha[…]
Durante el primer trimestre del año 80 empresas asentadas en Castilla y León han cambiado su domicilio fiscal, según ha detallado hoy el presidente de la patronal autonómica, CECALE, Santiago Aparicio, quien ha alertado del progresivo traslado de compañías en los últimos tres años.
En declaraciones a los medios antes de la reunión en Burgos de la Junta Ordinaria de CECALE, Aparicio ha explicado que en 2016 fueron 216 las empresas que apostaron por cambiar su domicilio fiscal, en la Comunidad, que se elevaron a unas 240 el pasado año.
La mayoría de estos traslados son fundamentalmente a Madrid, lo que Aparicio ha achacado a la presión fiscal por el impuesto de patrimonio y a la gran cantidad de inspecciones que tienen que pasar anualmente las empresas.
Sobre el primero de estos asuntos, el presidente de los empresarios castellanoleoneses ha señalado que la Comunidad sigue teniendo "un impuesto de patrimonio y de transmisiones patrimoniales que resta mucha capacidad de inversión a los empresarios".
Ha puntualizado que esos dos pagos fiscales solo existen, además de en Castilla y León, en Andalucía y Aragón, siendo España "el único país de la UE que lo mantiene" y ha meditado sobre que es posible que "Europa obligue al Gobierno a quitarlo".
Por otro lado, Santiago Aparicio ha señalado que los empresarios de la Comunidad deben pasar muchas inspecciones a lo largo del año, en ocasiones entre tres y cuatro, "para no conseguir nada", ya que en el último año, ha subrayado, "se consiguió una recaudación de solo 1,5 millones" por lo que, en su opinión, estas inspecciones se deben hacer "de manera coherente".
En este sentido, el máximo dirigente de Cecale ha puesto en valor la necesidad de que el estado dedique sus esfuerzos a "la persecución contra la economía sumergida", que ha cifrado en alrededor de 180.000 millones de euros.
Esto supone una tasa del 30 por ciento de empresas que están desarrollando "actividades sin pagar ningún tipo de impuesto ni el canon de la seguridad social", situaciones que hacen también más difícil su inspección porque "no se sabe de su existencia".
"Si no se actúa contra esa economía sumergida, corremos riesgo de que todos los servicios del estado del bienestar se vean mermados", y se esté abocado "al copago en todos ellos, porque va a ser insostenible todo nuestro sistema", ha asegurado el presidente de la patronal de Castilla y León.EFE
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