Denuncian detención del director de emisora crítica del Gobierno en Nicaragua

La radioemisora Radio Darío, de Nicaragua, denunció este martes que su director, Leo Cárcamo, fue detenido por la Policía Nacional, y responsabilizó al Gobierno por su integridad, en medio de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas antigubernamentales.

"Esta mañana, cuando Leo Cárcamo estaba en la entrada de Radio Darío, fue capturado por una unidad de la Policía Nacional (...) hago responsable al Gobierno de Daniel Ortega por su salud e integridad física", dijo el dueño de la radioemisora, Aníbal Toruño, en un vídeo difundido en redes sociales.

Cárcamo, un sexagenario, padece de una "diabetes agresiva", y era mantenido en cuidados especiales desde que estalló la crisis de Nicaragua en abril pasado, afirmó Toruño.

La captura de Cárcamo es la más reciente denuncia de agresión contra la Radio Darío, ubicada en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, en el marco de la crisis, ya que hace seis días el personal avisó de un boicot y el robo de equipos.

En diciembre pasado la Radio Darío cerrada por la Policía Nacional, acción que obligó a sus trabajadores a esconderse en casas de refugio.

"Denuncio ante el pueblo de León y organismos internacionales, lo que está ocurriendo una vez más a Radio Darío", remarcó Toruño.

Antes del boicot y del cierre policial, la radioemisora había sido incendiada, supuestamente por simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en agosto pasado.

Las acciones contra medios de comunicación y periodistas, dos de los cuales fueron encarcelados en diciembre, han sido calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una "intensificación de la cuarta etapa de represión estatal".

Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos desde el estallido social de abril pasado, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes "de lesa humanidad".

La Organización de Estados Americanos (OEA) estudia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional.

Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".

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