Nicaragua "perdió la protección estatal a los DDHH", según sector empresarial

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) alegó hoy que en Nicaragua "ya se perdió la protección estatal a los derechos humanos", en medio de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y presos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

"Ya se perdió la protección estatal a los derechos humanos, y sólo vemos que siguen escalando situaciones", dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, a periodistas.

Aguerri brindó sus palabras durante la visita del líder empresarial Juan Sebastián Chamorro a una delegación de la Policía de Nicaragua, donde había sido citado luego de cuestionar a Ortega, mientras que el dueño de un canal de televisión crítico del presidente era presentado ante un tribunal de justicia.

Las relaciones entre los empresarios y el Gobierno, que hasta el estallido social del 18 de abril fue estrecha, hoy se encuentra rota, al punto que el 12 de diciembre los inversionistas pidieron a Ortega realizar, en el corto plazo, elecciones "libres, justas y adelantadas", para superar la crisis en Nicaragua.

Ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en Washington un informe sobre la crisis de Nicaragua, en el que señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno del país centroamericano ha incurrido en "delitos de lesa humanidad".

Según organismos defensores de los derechos humanos, la crisis ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que identifica como "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega, que no admite la responsabilidad, afirma que superó un intento de "golpe de Estado", pese al escepticismo de la Acnudh y la CIDH.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.

.