Unidad opositora de Nicaragua niega una conspiración terrorista

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, de Nicaragua, negó hoy una supuesta conspiración terrorista, argumento de la Policía Nacional[…]

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, de Nicaragua, negó hoy una supuesta conspiración terrorista, argumento de la Policía Nacional para impedir una marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en defensa de los "presos políticos" prevista para mañana.

"Es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promover 'actos vandálicos y de terrorismo' para afectar a las familias nicaragüenses en las merecidas celebraciones de las Purísima, Navidad y fin de año", informó la Unidad en un comunicado.

La Policía nicaragüense negó el permiso para la marcha porque en el grupo de personas que lo solicitaron se identificaron "a quienes realizan prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas".

Por la Unidad Nacional solicitaron el permiso el director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, el comentarista de televisión Jaime Arellano, la feminista Eveling Flores y el empresario José Dolores Blandino.

Blandino, quien en octubre pasado fue arrestado por intentar participar en una protesta contra el Gobierno, es padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Según organismos defensores de los derechos humanos, la prohibición de manifestaciones no oficialistas va en contra de la Constitución de Nicaragua, que atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde el estallido social del 18 de abril pasado.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Organizaciones locales elevan la cifra de muertos hasta en 545, de los que el Gobierno reconoce 199.

Ortega ha negado las acusaciones y sostiene que superó un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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