Alianza Cívica califica de "desmedidas" las violaciones a DDHH en Nicaragua

La Alianza Cívica calificó hoy de "desmedidos" los "patrones de la violación a los derechos humanos" que atribuye al Gobierno de Nicaragua, en contra de los "presos políticos" durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

La Alianza, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, señaló de forma directa al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por violaciones de derechos humanos.

Según la organización, en Nicaragua existen "desmedidos y continuos patrones de violación a los derechos humanos, que en general está cometiendo el régimen Ortega Murillo, con todos los casos de los detenidos".

Personas "secuestradas por civiles armados que operan con la Policía", juicios "anómalos" en ausencia del juez natural, ciudadanos que pasan más de 48 horas presos sin ser presentados ante la justicia y la "ineficacia de los recursos de exhibición personal" están entre los patrones de violación de los derechos humanos, resaltó la Alianza.

"Las autoridades han actuado de forma arbitraria, discrecional y contra ley expresa en detrimento de las personas que han sido ilegalmente detenidas, y a quienes se les ha violado de entrada el derecho a la presunción de inocencia", sostuvo la organización.

La Alianza, que continúa esperando la llamada del presidente Ortega para reiniciar el diálogo nacional, suspendido el 9 de julio pasado, emitió sus acusaciones este viernes en una nota de prensa.

La crisis de Nicaragua, la más sangrienta en tiempos de paz, ha dejado entre 322 y 481 muertos desde el estallido social del 18 de abril, y al menos 309 ciudadanos son "reos políticos", según organismos humanitarios.

El Gobierno reconoce 198 víctimas mortales y más de 200 prisioneros, a quienes califica como "terroristas".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

Ortega ha reiterado que no asume la responsabilidad de los señalamientos, y mantiene que su Gobierno es víctima de un intento de "golpe de Estado".

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