Juzgados de Familia y Paz de Perú emitirán medidas cautelares por violencia

El Gobierno de Perú otorgó hoy competencias a las fiscalías penales y a los juzgados de familia para tramitar denuncias[…]

El Gobierno de Perú otorgó hoy competencias a las fiscalías penales y a los juzgados de familia para tramitar denuncias por violencia de género o violencia doméstica y aplicar medidas cautelares contra los presuntos agresores.

Un decreto publicado hoy en el diario oficial El Peruano modifica la Ley 30364 para mejorar el acceso a la justicia y a la protección de las víctimas que denuncian a sus convivientes o familiares, especialmente en las zonas rurales.

Los juzgados de paz letrados podrán tramitar denuncias en casos de violencia y dictar medidas de protección en las zonas donde no existan los juzgados de familia.

El plazo para que los juzgados de familia emitan las medidas de protección y cautelares es de 48 horas cuando el riesgo es leve y moderado, y de 24 horas en caso de riesgo severo para la persona que presenta la denuncia.

En los casos de flagrancia con riesgo severo, el juzgado penal dictará las medidas de protección y cautelares en una audiencia única que se celebrará en un plazo máximo de 24 horas, mientras que el fiscal penal deberá ordenar la intervención del Programa de Protección de Asistencia de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

El decreto establece consideraciones que deben tener en cuenta los jueces de familia para otorgar las medidas de protección y cautelares, como los resultados de la Ficha de Valoración de Riesgo, los informes sociales, los antecedentes del acusado y la relación entre víctima y agresor.

Asimismo, el documento contempla nuevas medidas de protección como la asignación económica de emergencia, la prohibición del retiro de los hijos menores de edad del cuidado familiar y el tratamiento reeducativo y psicológico tanto para el agresor como para víctima.

Las medidas de protección tendrán vigencia mientras exista el riesgo, independientemente de los resultados de la investigación o proceso penal, y el juzgado de familia evaluará su vigencia en atención al riesgo en que se encuentra la víctima.

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