Los consumidores canarios presentan más de 4.000 reclamaciones desde enero

Los consumidores han presentado más de 4.000 reclamaciones en las redes de consumo de cada una de las provincias del Archipiélago desde enero de este año, informó hoy la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias.

Más de la mitad de las reclamaciones corresponden a la provincia de Las Palmas y 1.770 a la de Santa Cruz de Tenerife y el mes con mayor número de quejas presentadas fue enero, en coincidencia con las rebajas de invierno, con 848.

La cifra es muy similar a la recogida a estas alturas de año en el pasado ejercicio, en el que los servicios de consumo del Gobierno de Canarias tramitaron, en los doce meses, un total de 8.399 reclamaciones, correspondiendo a los meses de octubre y noviembre los de mayor registro de denuncias.

En 2017, los ciudadanos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote presentaron 4.781 reclamaciones, mientras los de Tenerife, La Palma, Gomera e Hierro alcanzaron las 3.618.

Los ciudadanos comparecen ante las oficinas de información al consumidor de ámbito local y regional, principalmente para dejar constancia de su desacuerdo con las exigencias de compañías de telefonía móvil.

Por otra parte, Consumo presentó también el balance del trabajo realizado por el servicio de inspección de consumo.

En los primeros meses del año se levantaron un total de 627 actas, de las que 162 pasaron a analizarse más detenidamente porque podrían derivar en la apertura de expedientes, mientras 465 fueron negativas.

Este año se han tramitado un total de 58 expedientes sancionadores de los que 38 fueron tipificados como graves, 20 leves, 21 por resistencia a la labor inspectora, 16 por publicidad engañosa, 10 por cobro indebido de cantidades y tres por irregularidades en el etiquetado, entre otros.

El trabajo realizado hasta el momento es similar al desarrollado en ejercicios anteriores si tenemos en cuenta que el año pasado fueron 76 los expedientes de sanción tramitados y 96 el ejercicio anterior, 2016.

La mayor parte de las sanciones tramitadas este año corresponden a la apertura de establecimientos sin licencia y por apertura en festivos sin autorización.

Los expedientes que se encuentran en fase de resolución de sanción por faltas graves suponen una multa que supera los 3.000 euros.

Asimismo, se encuentran en fase de estudio por las jefaturas de sección de Inspección e Instrucción un total de doce expedientes que son susceptibles de derivar en sanciones.

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