Gobierno Ceuta pide prudencia por imputación expresidente puerto en delitos

El Gobierno de Ceuta ha llamado hoy a la "prudencia" después de que un juzgado de Ceuta haya ordenado la apertura de un juicio oral contra el ya expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Francisco Torrado, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la concesión del puerto deportivo.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno ceutí, Jacob Hachuel (PP), ha afirmado que "en el Gobierno respetamos las razones que José Torrado ha dado para dimitir de su cargo ya que se trata de cuestiones personales y que nacen de una iniciativa propia pero estamos ante una persona noble, leal y con un espíritu siempre constructivo".

En este sentido, ha valorado que "todo esto lo ha demostrado como presidente de la Autoridad Portuaria, donde ha demostrado ser una persona constante y que siempre ha buscado el consenso, por lo que le deseamos la mejor de las suertes en la nueva vida que ahora emprende".

Jacob Hachuel se ha referido al caso judicial abierto para decir que hay que poner "por bandera su presunción de inocencia, no solo la de José Torrado sino la de cualquier persona, político o no, que se vea implicado en un procedimiento judicial".

"Nos gustaría que el derecho de la presunción de inocencia fuera bastante más efectivo de lo que es en este momento, porque consideramos que esta situación no es buena para nadie, por lo que todos deberíamos reflexionar, ya que todos estamos expuestos a que en algún momento se nos ponga en tela de juicio nuestra presunción de inocencia que, como bien dice la propia Constitución, debe presumir por encima de otra cualquier cosa".

José Torrado dimitió esta semana de su cargo después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ceuta ordenara la apertura de un juicio oral donde se le imputa los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y para el que el Fiscal pide cinco años de prisión.

El juicio se abre como consecuencia de una denuncia presentada en el mes de octubre de 2.011 por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación en febrero de 2.006 de las instalaciones náutico-deportivas a la empresa Marina Hércules (Mahersa).

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