PP Vigo denuncia un "despilfarro" en la redacción del proyecto de nuevo PXOM

El PP de Vigo ha denunciado hoy el "despilfarro" en el que incurrirá el gobierno local en la contratación del proyecto del nuevo plan general, que pasará a ser de 2,7 millones de euros, frente a los 1,7 millones por el que salió a concurso en primera instancia y que quedó desierto.

La portavoz de los populares vigueses, Elena Muñoz, ha hablado de un "incremento escandaloso" y ha acusado al gobierno encabezado por Abel Caballero de intentar "compensar su evidente incapacidad a costa del bolsillo" de los ciudadanos.

Muñoz ha censurado que dos años y medio después de que el Tribunal Supremo anulara el plan general de 2008 no haya "un solo papel" y no se sepa "absolutamente nada" del nuevo plan.

Ha indicado que el precio es "prácticamente lo único que han cambiado" con respecto al primer concurso, que quedó desierto, lo que revela, en su opinión, "el desinterés y la incapacidad por hacer unos pliegos serios y rigurosos".

Muñoz ha asegurado que por culpa de la "nefasta gestión" del ejecutivo local Vigo no tendrá un nuevo plan general, "como pronto, hasta 2023", todo ello sin que la concejala de Urbanismo, María José Caride, asuma "su responsabilidad".

Desde la Marea de Vigo, su portavoz, Rubén Pérez, avanza que su grupo presentará una serie de aportaciones a la memoria justificativa de la contratación del servicio de actualización de la cartografía municipal y la redacción de la revisión del PXOM.

Estas aportaciones, informa en un comunicado, buscan "evitar los errores" que propiciaron la anulación del plan de 2008 y adaptarse a "la nueva realidad social" de la ciudad olívica.

Considera Pérez que "está fuera de la realidad" plantear los criterios aplicados para el plan de 2008, que tuvo 60.000 alegaciones más una decena de denuncias en los juzgados.

Sugiere "una buena gestión" y elevar la puntuación de las consultas ciudadanas sobre el nuevo plan durante el proceso de redacción para evitar precisamente un aluvión de alegaciones y eventuales reclamaciones judiciales.

Asimismo, solicita la inclusión de un trabajador social y un técnico de igualdad dentro del equipo multidisciplinar del plan general para aportar una perspectiva sociológica, sociocomunitaria y de género.

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