Comisión tendrá tres meses para investigar muertes en protestas en Nicaragua
La mayoría sandinista y sus aliados en el parlamento de Nicaragua nombraron hoy a los integrantes de la Comisión de[…]
La mayoría sandinista y sus aliados en el parlamento de Nicaragua nombraron hoy a los integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz que investigará la muerte de al menos 45 personas durante las protestas, en medio de críticas de diversos sectores que dudan de su independencia e imparcialidad.
La Comisión tendrá tres meses para investigar los muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados y torturados durante las violentas protestas acontecidas desde el pasado 18 de abril, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), el sandinista Gustavo Porras, tras juramentar a sus miembros.
Una vez concluida la investigación, emitirán un informe sobre los hallazgos y conclusiones, indicó Porras, también principal dirigente del sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
"Ustedes quedan autorizados para investigar con total libertad", sostuvo el legislador.
La Comisión está integrada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú, la líder miskita Mirna Cunningham, el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el subprocurador de derechos humanos, Adolfo Jarquín, y el académico e intelectual Cairo Amador.
Molina Oliú, de 85 años, fundador del Centro Antonio Valdivieso y uno de los principales exponentes de la Teología de la Liberación en este país, recibió el pasado 21 de febrero de parte del presidente Daniel Ortega la orden "Augusto C. Sandino" en el grado de batalla de San Jacinto.
Cunningham, de 71 años, ex diputada sandinista, preside el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y es considerada figura destacada del movimiento indígena mundial desde finales del siglo XX, según su biografía.
Los otros tres integrantes también son identificados por diversos sectores de ser afines, estar ligadas o ser defensores del Gobierno sandinista.
El presidente del Parlamento destacó que esa Comisión está conformada por juristas, intelectuales, religiosos y personalidades de la sociedad civil "de gran prestigio" y que tendrán siete días para su constitución.
Esa Comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes organismos humanitarios responsabilizan de ser, junto con la Policía Nacional, responsables de las muertes.
Estudiantes universitarios, principales protagonistas de las protestas contra el Gobierno, así como organizaciones humanitarias, han sugerido invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que forme parte de esa Comisión de la Verdad.
La CIDH solicitó el pasado 24 de abril al Gobierno de Ortega que le permitiera entrar al país para evaluar lo sucedido y el 1 de mayo recibió la respuesta del Ejecutivo, que le pidió "aguardar el avance de los procesos internos".
Nicaragua atraviesa una crisis que hoy cumple 19 días debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron rechazando reformas de la seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión.
Desde que comenzaron las manifestaciones los enfrentamientos violentos han causado al menos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 los fallecidos.
Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
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