El «globo sonda» del impuesto al diésel deja su subida en el aire

De «el diésel tiene los días contados» con el que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estrenó su actividad pública en ese departamento en junio se ha pasado a la confirmación de que el Gobierno aprobará un impuesto adicional por el uso de ese combustible, tal y como confirmó este mismo lunes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Sin embargo, la medida, con un importante calado entre millones de conductores y en toda una industria que depende de su producción, aún no está tan definida para la titular de de Industria, Reyes Maroto, quien, también este lunes, calificó esta posibilidad como un «globo sonda». Esto es, un planteamiento para testar cómo respira la sociedad y solo después actuar en un sentido o el contrario.

En su particular aclaración a las declaraciones del presidente, Reyes Maroto apuntó que el Gobierno «ni siquiera lo ha anunciado todavía». «Vamos a esperar», indicó, cuando todo el Ejecutivo, incluido Hacienda, ya cuenta con aplicar la subida al gasóleo para que sus precios en las estaciones de servicio se equiparen a los de las gasolinas. «Trabajamos con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y en los consumidores», afirmó la ministra del ramo industrial.

Precisamente en los intereses del sector automovilístico se encuentra una de las claves para entender las consecuencias de una medida como la que se quiere aprobar. Desde la patronal de fabricantes (ANFAC), han señalado de forma insistente la «posición muy relevante que tiene España como productos de vehículos diésel y sus motores». La industria emplea a 40.000 trabajadores y cuenta con 17 grandes fábricas de las que salen al año 1,2 millones de vehículos diésel. Por ello, ha alertado a Reyes Maroto de «las graves consecuencias e implicaciones» que ese impuesto puede tener, si finalmente se aplica.

Sin embargo, el Gobierno está decidido a incrementar la imposición fiscal sobre este tipo de combustible porque, a juicio del presidente Pedro Sánchez el gasóleo es «altamente contaminante». Además, lo hacen porque el Ejecutivo del PSOE es «ecologista» y «comprometido con la transición ecológica». «Todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto», apuntó el presidente antes de que su ministra de Industria rebajara las expectativas sobre esta medida.

No es la primera vez que surgen versiones contradictorias sobre esta medida. A principios de julio, la titular de Transición Ecológica se mostró claramente favorable a esta nueva fiscalidad, que pasaría por ir elevando su precio hasta equipararlo con el de la gasolina. Según los últimos datos del Boletín de Productos Petrolíferos de la UE -con registros de la semana pasada- el coste medio del diésel en España es de 1,23 euros, y el de la gasolina, de 1,33 euros, con una diferencia que se mantiene en torno a los diez céntimos de euro. Indicaba entonces que el «impacto» del gasóleo en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir prensando en un proceso de salida». Pero la propia Maroto reconoció poco después que esas palabras de su compañera de consejo de ministros «no fueron acertadas».

Incrementos «progresivos»

Cuando el Gobierno, nada más tomar posesión, anticipó esta posibilidad, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aclaró que los ciudadanos iban a notar de forma «mínima» la subida de la fiscalidad del diésel. Porque lo harían «de forma progresiva». Aunque, en cualquier caso, alcanzará esa equiparación que se pretende a medio plazo. Sánchez sí confirmó este lunes que este incremento de impuestos quedarán exentos los conductores profesionales.

El sector espera que, con estas y otras medidas, los diésel pierdan parte de la cuota de mercado que ahora tienen, pero consideran modelos imprescindibles para determinados tipos de uso y consumidores. Y estiman que para el año 2025 ocuparán aproximadamente un 20% de las ventas de automóviles que se realicen en España.

Por otra parte, el presidente del Gobierno afirmó este lunes que desea que se encuentre «un punto de equilibrio» entre los intereses de los taxistas, un sector «híper regulado», según apuntó; y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que no está «nada regulado».