Grupos de DDHH buscan parar una iniciativa de amnistía de guerra en Guatemala

Treinta y tres organizaciones, guatemaltecas e internacionales, exigieron hoy a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala que[…]

Treinta y tres organizaciones, guatemaltecas e internacionales, exigieron hoy a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala que de "marcha atrás" a una iniciativa de ley para amnistiar delitos cometidos durante la guerra civil que padeció este país centroamericano (1960-1996).

Dicha comisión ya otorgó un dictamen favorable a la iniciativa 5377, que ahora está a la espera de tres debates en el hemiciclo parlamentario para su aprobación por artículos y redacción final.

Debido a que "es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" y al derecho al "acceso a la justicia de las víctimas", las organizaciones pidieron a la comisión que emita "dictamen desfavorable" y se abstenga de aprobar una norma "que genera impunidad".

La iniciativa fue presentada el pasado 6 de noviembre por el congresista del conservador Partido de Avanzada Nacional Fernando Linares Beltranena, quien es abogado de militares como el general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, exfeje del Estado Mayor Presidencial.

Según este diputado, que se queja de que en Guatemala hay "un sesgo y parcialidad judicial", "la insurgencia cometió 63.000 delitos y solo una persona está detenida. Sin embargo, hay 72 oficiales, especialistas y soldados en la cárcel".

La iniciativa 5377 prevé ratificar la amnistía, para que surta efectos en casos vinculados al conflicto armado interno, y derogar tres artículos de la vigente Ley de Reconciliación Nacional.

Destaca entre ellos el artículo octavo, según el cual no será aplicable la extinción de responsabilidad en delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, ni en delitos imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal de acuerdo a los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

El intento de Beltranena es una "acción de obstaculización a la acción penal de los legítimos derechos de las víctimas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos", indicaron las 33 organizaciones en un comunicado difundido esta noche.

"Las propias cortes del país se han pronunciado en diferentes ocasiones en el sentido de rechazar este tipo de obstaculización a la justicia", mencionaron, antes de solicitar una audiencia urgente a la Comisión de Derechos Humanos.

Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), la Asociación Verdad y Vida, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, el Consejo Nacional de Víctimas y la Fundación Guillermo Toriello.

También suscribieron el comunicado, entre otros, la Fundación Myrna Mack, Impunity Watch, La Batucada del Pueblo, Mujeres Transformando al Mundo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Red Nacional de Víctimas y el Grupo de Apoyo Mutuo.

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