Sánchez desvía la atención con una reforma constitucional contra los aforamientos

Pedro Sánchez quería un golpe de efecto que le permitiera pasar página de su semana más negra al frente del Gobierno, la que demostró la descoordinación interna de su gabinete con la polémica sobre la venta de armas a Arabia Saudí, acabó con la dimisión de la ministra de Sanidad por las dudas sobre su máster y levantó una enorme polvareda sobre su tesis doctoral. La encontró. El presidente del Gobierno anunció hoy que llevará al Parlamento una propuesta de reforma constitucional para «acabar», dijo, con los aforamientos de los cargos públicos. «Ofreceríamos un señal relevante, inequívoca, generosa, de ejemplaridad, solidaridad y empatía -argumentó-. Que los ciudadanos vuelvan a creer en la política es el reto común que tenemos».

La prueba de que no se trata de una cuestión bien meditada sino de un movimiento táctico con el que los socialistas buscan, por un lado, recuperar la iniciativa perdida en un momento delicado -justo cuando se cumplen cien días de su llegada al Gobierno- y, por otro lado, colocar al líder del PP, Pablo Casado, en una situación comprometida, está en que hace apenas cinco días la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dijo en el Congreso que había encargado un estudio interno para ver cómo podrían «racionalizarse» las condiciones de ese régimen jurídico especial que afecta, entre otros, a muchos cargos políticos, pero descartó eliminar los aforamientos por completo, precisamente, porque consideraba que la coyuntura del país no es la adecuada para una reforma de la Carta Magna.

Sánchez, que organizó en la Casa de América un acto para conmemorar sus casi tres meses en la Moncloa con empresarios, artistas, intelectuales y representantes de medios de comunicación, no ofreció, además, más detalle sobre lo que pretende que el ya mencionado enunciado genérico. Sólo ocho horas después, desde la Moncloa matizaron en cierto modo sus palabras. Pero aún hay muchos interrogantes pendientes de respuesta.

En el Gobierno apuntan que la idea es acotar el aforamiento de los miembros del Gobierno y los parlamentarios (diputados y senadores) a aquello que afecta al ejercicio estricto de sus funciones. Si eso fuera ya así, la juez que investiga el 'caso máster' en el juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, podría haber llamado a declarar como imputado al líder del PP, Pablo Casado, igual que hizo con otras alumnas que supuestamente se beneficiaron de un trato de favor al matricularse en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, y no se habría visto obligado a elevar su causa al Tribunal Supremo.

Debate abierto

En lo que respecta a otros aforados no políticos como jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o los miembros del Tribunal de Cuentas, también habría que modificar, según el Ejecutivo, algunas leyes. Entre ellas, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero en la Moncloa no especifican exactamente en qué sentido actuarían en este terreno y tampoco dicen nada de cómo afectaría la reforma a la Familia Real y al rey Juan Carlos, a quien se aforó con un procedimiento exprés tras su abdicación en 2014; un aforamiento polémico no sólo porque se hizo mediante enmiendas a una ley que nada tenía que ver con la protección jurídica de la Corona sino porque es integral, es decir, comprende también aquellas actuaciones en las que el exJefe del Estado participe fuera del ámbito institucional, en su vida privada.

En el PSOE no se muestran muy partidarios de tocar lo que afecta a la Monarquía, pero abierto el debate todo es posible. Dificilmente los socios de la moción de censura (Podemos, Esquerra, Bildu...) aceptarían preservarla o darle una protección extraordinaria. La reforma constitucional requiere, además, la aprobación de tres quintos del Congreso y el Senado. Si no se alcanza puede hacerse con menos pero en todo caso es necesaria la mayoría absoluta del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Las cuentas son muy difíciles y Sánchez era consciente de ello cuando lanzó su anuncio. Aun así, adujo que, si hay voluntad, el cambio se podría tramitar en 60 días a partir de que el anteproyecto que tiene que elaborar el Gobierno inicie su andadura en el Congreso, algo para lo que nadie se atreve a dar una fecha. En todo caso, los socialistas se felicitan por su maniobra. Si no sale, ellos no serán los responsables, podrán culpar al PP o al resto de partidos y, por el camino, habrán arrebatado a Ciudadanos una de sus principales banderas.