Moragues:Una Comisión Bilateral resolverá discrepancias sobre la Ley del Taxi

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha convocado una Comisión Bilateral entre el Ejecutivo central y la Generalitat para tratar las discrepancias en torno a la Ley valenciana del Taxi, intentar buscar una solución y evitar el recurso de inconstitucionalidad.

"El Gobierno considera que algunos artículos pueden incurrir en extralimitación competencial y son contrarios a la Ley de garantía de unidad de mercado, así como a la normativa europea", ha informado en un comunicado el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.

El delegado del Gobierno se ha reunido hoy con representantes de la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat Valenciana y de la Asociación Gremial del Taxi de Valencia y Provincia, para escuchar las inquietudes del sector ante la nueva ley autonómica del taxi.

A la reunión también han asistido la portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular de Les Corts, Isabel Bonig, y el diputado autonómico del PP Alfredo Castelló, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Moragues ha explicado que la ley de la Generalitat establece que sólo las personas físicas podrán ser titulares de autorizaciones del servicio de taxi, y que no podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes y establece la obligatoriedad de tener domicilio social y fiscal y sede física en la Comunitat.

"Estos preceptos suponen una restricción del derecho a la libertad de empresa y en el acceso a una actividad económica, que debe fundamentarse en una imperiosa de interés general", ha señalado el delegado del Gobierno.

Añade asimismo que, además, la Ley "obliga a aquellos titulares de más de una autorización a transmitirla a una persona física o cambiar el vehículo para ser adaptado o eléctrico, lo que conlleva, según nos ha transmitido el sector, pérdidas importantes para aquellos que ya habían realizado la inversión".

Moragues ha recordado por último que "dicha actividad económica ya se encuentra sometida a la normativa de protección del consumidor".

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