Presentan dos propuestas legislativas en favor de colectivos LGBTI de Bolivia

La Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó hoy dos propuestas normativas en favor de los colectivos de transexuales, lesbianas, gais, bisexuales e intersexuales (LGBTI), una para crear una institución similar al matrimonio protegida por ley y otra para incluir los crímenes de odio en el Código Penal.

Ambas propuestas fueron presentadas a los medios en una rueda de prensa de la adjunta a la Defensoría del Pueblo, la activista trans Tamara Núñez del Prado, con motivo del Día Mundial del Orgullo.

"El Acuerdo de Vida en Familia es una tercera institución social de carácter jurídico social que va a garantizar los derechos de las parejas homoparentales", explicó Núñez del Prado.

La Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI presentó en septiembre de 2015 un proyecto de ley al Parlamento para la creación del Acuerdo de Vida en Familia como una institución análoga al matrimonio que sea reconocida y protegida legalmente por el Estado.

Aquella propuesta no entró entonces a la agenda legislativa y en 2016 la Defensoría del Pueblo se comprometió a respaldar esta reivindicación de los colectivos LGBTI.

Este sector y la Defensoría trabajaron durante cinco meses para sistematizar el contenido de la propuesta inicial y presentarán el nuevo proyecto próximamente a la Asamblea Legislativa.

El proyecto plantea, entre otros asuntos, que el Acuerdo de Vida en Familia es una institución social de carácter jurídico y también incorpora el derecho al seguro social para la pareja.

La Constitución promulgada en 2009 impide el matrimonio para parejas homosexuales, ya que recoge explícitamente que esta institución es la unión entre un hombre y una mujer.

No obstante, Núñez del Prado sostuvo que el Codigo de Familias aprobado en 2015 regula los derechos y obligaciones de las familias sin discriminación ni distinción alguna, reconociendo la unión por relaciones afectivas, emocionales y de valores constitucionales.

Sobre la segunda propuesta, la adjunta remarcó la necesidad de incluir en el nuevo sistema del código penal los crímenes de odio no sólo como un agravante, sino de una forma más específica para proteger a las poblaciones vulnerables.

Recordó que en los últimos diez años se produjeron en el país 64 asesinatos de personas del colectivo LGBTI que no han logrado un proceso judicial.

El proyecto de la Defensoría plantea sancionar los crímenes de odio con 30 años de cárcel, la pena máxima establecida en la legislación boliviana.

Nuñez del Prado destacó como un gran avance la promulgación en mayo de 2016 de la Ley de Identidad de Género, que permite a personas transexuales y transgénero tramitar el cambio de identidad, sexo e imagen en sus documentos personales.

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