Polémica en Argentina por fallo que reduce la pena a represor de la dictadura

La decisión de la Corte Suprema de Argentina (CSJN) de rebajar la pena a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), tras aplicar un beneficio conocido como el "2x1", despertó hoy fuertes críticas de parte de los organismos sociales y políticos del país austral.

"Esto no nos afecta a nosotras que ya estamos afectadas desde hace 40 años, afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los biznietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite", dijo a la prensa Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que históricamente buscan a sus nietos, hijos de secuestrados por el régimen y que fueron entregados a familias ajenas.

La controversia se originó después de que el Supremo anunciase la aplicación de un beneficio penitenciario que rebaja la pena del civil Luis Muiña, quien actualmente se encuentra en libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena, informaron fuentes judiciales a la agencia estatal de noticias, Télam.

Muiña fue condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos contra cinco personas en una cárcel clandestina que funcionó en un hospital público durante el régimen.

La decisión del Supremo, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, hoy derogada, y que señala que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de dicho plazo cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de la pena.

Los tres jueces que votaron a favor señalaron que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna -como se define esta- "lo que importa es que el delito (anterior a 2001) se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso".

Por contra, los otros dos magistrados señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

"Pensábamos que esto ya estaba aclarado, que ya estaba aceptado legalmente. No solo en la Argentina, esto es internacional, son delitos de lesa humanidad", criticó por su parte Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

En su opinión, con esta decisión "están faltando el respeto" a sus hijos -secuestrados, torturados y hechos desaparecer para siempre por el régimen-, y demuestran "que no tienen memoria, que no quieren tener memoria".

Después de que la condena a Muiña se hiciera firme en septiembre de 2013, la Justicia realizó el cómputo de detención y de pena y se determinó que en base a la ley, ésta vencería el 11 de noviembre de 2016, lo que fue recurrido por la Fiscalía.

El cálculo fue anulado en marzo de 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso realizar un nuevo cómputo al considerar que la norma era inaplicable en esta causa, algo que fue apelado por la defensa del condenado ante la Corte, que, finalmente, hoy consideró que debía aplicarse el procedimiento original.

Fuertemente críticas con el Gobierno de Mauricio Macri, las organizaciones vinculadas a las víctimas del régimen de facto -que según sus cálculos dejó más de 30.000 desaparecidos opositores a la dictadura-, se levantaron contra esta decisión judicial y volvieron a poner en entredicho la política de derechos humanos del Ejecutivo.

"Va a ser tratado por dos abogados todo este tema del 2x1, de la libertad a los asesinos, que no es nada más y nada menos que un indulto encubierto por este Gobierno que ya se le fue la mano del todo. Se perdonan ellos mismos. Por eso hacen esto", expresó en un vídeo a través de las redes sociales Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

También el premio Nobel de la Paz de 1980 Adolfo Pérez Esquivel fue tajante.

"La CSJN está equivocando el camino, evalúa igual crímenes de lesa humanidad que un delito común. Por un lado los equipara para aplicar el beneficio, pero por otro esta jurisprudencia no se va a aplicar sobre esos delitos comunes, sino que sólo beneficiará a los condenados por delitos de lesa humanidad", reprochó en un comunicado.

Por parte del Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema respecto a la situación de Muiña.

"Si los jueces consideraron que el marco legal lleva a esto, hay que respetarlo", dijo Avruj en una entrevista para una radio local.

A favor se pronunció también Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), organización que engloba a los militares procesados por su participación en la represión durante la dictadura.

"Excelente fallo de la Corte! Los Militares, Civiles y Fuerzas de Seguridad fueron acusados de delitos de lesa humanidad, inexistentes en el momento de los hechos!", expresó en Twitter.

Esta situación se da un día después de que los obispos de la Iglesia católica de Argentina iniciaran una asamblea plenaria en la que escucharán a familiares de víctimas de la dictadura, algo muy criticado por algunos organismos, que históricamente reclaman que la iglesia reconozca su supuesta connivencia con el régimen de facto.

Hasta ahora, por los crímenes de la dictadura ya se ha condenado a más de 900 civiles y militares.

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