La inspección del BdE constató en 2011 que Bankia daba al mercado información «engañosa»

Fuera o no errónea -el tiempo parece haber demostrado con argumentos de peso lo segundo-, o resulte ahora más o menos a polémica, lo cierto es que la justicia no va a juzgar la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, no al menos para depurar posibles responsabilidades penales -en vía civil sí se han aceptado-. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado 'caso Bankia', Fernando Andreu, ha aclarado esta misma semana que ese hecho concreto no le interesa a efectos jurídicos, más allá de que se cumplieran las «premoniciones» sobre sus efectos perversos que realizó pocos meses antes del estreno José Antonio Casaus, jefe del equipo de inspectores que estaba empotrado en la entidad dirigida entonces por Rodrigo Rato.

Lo que realmente va a dilucidar el magistrado cuando finalice la instrucción, algo que ahora parece ya más cercano tras rechazar la última batería de diligencias pedida por la acusación popular, es si se llegó a «falsear la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros» emitidos por Bankia con anterioridad al mencionado debut bursátil, o bien lo hizo con «las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios, presentes y futuros».

Con ello, según apunta Andreu, se tendría presuntamente «el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero u obtener financiación por cualquier medio». Pero los responsables de tal conducta «punible» no serían, en todo caso, nadie más que los propios «órganos de administración y gestión de las entidades» implicadas, esto es, la misma Bankia y su sociedad matriz (BFA).

Ni el Banco de España (BdE) ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrían, según el juez, responsabilidad sobre ello y menos todavía sobre la polémica salida a Bolsa de Bankia. Por eso, y pese a que esta vez su accionista mayoritario -el FROB, que a través de la nacionalizada BFA controla dos tercios del capital social del banco- no se oponía a ello, a principios de semana rechazaba por segunda vez abrir una vía de investigación para esclarecer el controvertido papel de ambos reguladores en tales hechos.

Y lo hizo porque, amén de estimar que la «exclusiva responsabilidad» de tal decisión debe recaer en los administradores de Bankia y BFA -ciñéndose el BdE y la CNMV a labores de «control»-, los correos electrónicos que según la acción popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) podían implicarles en alguna irregularidad no dejarían de ser -según el magistrado- meras «reflexiones» que se transmiten «de manera informal», e incluso serían «susceptibles de crítica» como dice su propio autor, Casaus.

Opiniones «personales»

En ellos el inspector advertía de que la salida a Bolsa no funcionaría y crearía «quebranto al contribuyente», al tiempo que decía que «el mayor problema» de Bankia era su «debilísima y decreciente capacidad para generar resultados de forma recurrente». Esto -añadía-, «teniendo en cuenta su voluminoso pasivo mayorista y su deteriorada cartera crediticia, cuestiona su viabilidad futura».

Pero para Andreu estas consideraciones no dejan de ser «una opinión personal», por más que pudiera estar «fundada» por el papel de Casaus, responsable de la inspección del BdE en la entidad, y ser «relevante» dado su análisis previo de los números. Sin embargo, insiste el juez, «no era la única», como tampoco su criterio, aunque eso «resulta baladí a efectos jurídico penales pues no cabe la criminalización de decisiones erróneas».

De nuevo, el magistrado incide en que la clave es si se falseó información, «engañando a los inversores, de manera que sufrieron un detrimento patrimonial que, de conocer la verdadera situación económico-financiera de la entidad, no se habría realizado». «Y en ningún momento -resalta en su última resolución- Casaus plantea, ni a nivel de simple sospecha, tal posibilidad».

Es más, señala el juez que dado el carácter «informal y espontáneo» de los correos electrónicos, en todo caso aquel debería haber hecho constar sus dudas en los llamados informes de seguimiento. En realidad sí lo haría, al menos en un instrumento parecido como eran las actas de las reuniones que mantenían con Bankia.

Así, por ejemplo, el 17 de marzo de 2011 tuvo que advertir al banco sobre la información que estaba mandando al mercado, al no cuadrar a los inspectores las cifras que se daban sobre 'core capital' y capital principal, ni otras medidas anunciadas. «Les comentamos -decían- que tienen que corregir esta actitud de publicar información no veraz o engañosa». El propio director de Contabilidad General, José Luis Sánchez, les reconoció entonces «que lo del coste de prejubilaciones no es cierto pero no piensa lo mismo de lo del fondo genérico». No sería la única advertencia similar que harían a Bankia.