Uniformados y pandillas, "principales asesinos" de LGTBI en El Salvador

Hugo Sánchez

San Salvador, 20 abr (FE).- Los cuerpos de seguridad y las pandillas son los "principales asesinos" de miembros de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en El Salvador, donde en 23 años han ocurrido unos 600 "crímenes de odio", afirmó la activista salvadoreña Karla Avelar.

Según Avelar, presidenta de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), la mayoría de las víctimas han sido transexuales.

De acuerdo con la activista, estos datos han sido recabados sin la ayuda del Estado salvadoreño porque ningún organismo público registra los asesinatos relacionados con "orientación sexual e identidad de género".

Si el homicidio de una mujer transgénero "no lo publica ningún periódico o no se le reporta a ninguna oenegé, esa persona termina en los datos como hombre", advirtió.

Avelar insistió en que los asesinatos de personas LGTBI no son "casos aislados" y presentan características que dejan ver la saña con la que fueron perpetrados.

Puso como ejemplo el caso de una mujer transgénero conocida como "La Puca", quien recibió 21 disparos, aunque "murió del primer balazo que recibió en la cabeza", según el dictamen forense.

Avelar denuncia que por esos casos no hay condenas y que las autoridades judiciales los dejan prescribir.

"Lo que más nos preocupa es la falta de investigación de los crímenes por odio, realizados con lujo de barbarie", porque la Fiscalía y la Justicia "han hecho caso omiso de investigar independientemente" la identidad de género, dijo.

Avelar también señaló que el acoso policial y de las pandillas ha impulsado la migración forzada de personas LGTBI. Sólo en los primeros tres meses del 2016 su organización contabilizó 29 casos de desplazados por este motivo.

Denunció que se han ido "por persecución de la Policía, por amenazas, extorsión y porque las han intentado asesinar", al aclarar que "están solicitando asilo político" en Estados Unidos, México y Costa Rica.

La activista también denunció que las pandillas buscan "tener una relación con una persona trans", especialmente si se dedican a la prostitución, para "poder someterla y obligarla a introducir cosas ilícitas a los centros penales". El objetivo la "extorsión", agregó.

La presidenta de COMCAVIS-TRANS también dijo que las violaciones de derechos humanos no solo se circunscriben a la seguridad, sino también a aspectos como la negación de cambiar su nombre y la discriminación en el sistema de educación y salud.

"El reconocimiento de los derechos humanos para la comunidad LGTBI en El Salvador, y a nivel regional, es precario", puntualizó, para señalar que no existe legislación en la que "de forma taxativa aparezca el reconocimiento" de estas garantías.

A su juicio, "El Salvador está manejando un doble discurso" en materia de protección a la comunidad LGTBI; y achacó esa actitud en buena medida a la influencia de las distintas iglesias que tienen injerencia en la toma de decisiones políticas.

Avelar matizó que COMCAVIS-TRANS presentó el 25 de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Nombre ante la Corte Suprema. El objetivo es que "las personas trans podamos tener acceso al cambio de nombre", remarcó.

Explicó que la decisión que tome la Sala de lo Constitucional marcará los próximos años, ya que de ser favorable obligaría al Ejecutivo a modificar la ley y de ser desfavorable podrían demandar al Estado ante organismos internacionales.

Según los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este colectivo.

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