Doce defensores DDHH han sido asesinados en Colombia este año, según Gobierno
Doce defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de año, según dijo hoy el[…]
Doce defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de año, según dijo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que el Estado trabajará para que estos crímenes no queden impunes.
"El Gobierno condena los doce crímenes a defensores de derechos humanos que han ocurrido durante este año. Vamos a evaluar cada uno de estos casos para que ninguno quede en la impunidad", aseveró Cristo al concluir una reunión del comité de protección, realizado en Bogotá.
En ese encuentro "se definieron medidas para acelerar las investigaciones" de los crímenes y "brindar mayor seguridad" a quienes, en palabras del ministro, cumplen "con esta esencial y positiva función para el país", según recoge un comunicado del Ministerio.
"Vamos a reforzar las medidas del Estado para brindarles garantías. Estamos empeñados en darles toda la protección y llegar al fondo con las investigaciones de estos hechos deplorables", agregó el titular de Interior.
Al comité asistieron, entre otros, el fiscal encargado, Jorge Perdomo; el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto y representantes de la Defensoría del Pueblo, la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), que brinda protección a funcionarios y personas que han sufrido amenazas.
Los crecientes ataques a defensores de derechos humanos en Colombia han sido recogidos por la ONG Somos Defensores en su último informe anual, publicado en marzo, que indica que en 2015 hubo 63 activistas asesinados, ocho más que en el año anterior.
Además, en 2015 las agresiones crecieron un 9 % hasta las 682, siendo la mayoría casos de amenazas (539). Hubo además los 63 asesinatos señalados, 35 atentados y 26 detenciones arbitrarias.
Sobre el total de agresiones del año pasado, datos recogidos por la ONG apuntan como presuntos autores del 66 % de los casos a grupos paramilitares, el 25 % a desconocidos y el 7 % a la fuerza pública.
La situación de los activistas también ha sido denunciada por una veintena de organizaciones de izquierda, que el mes pasado alertaron de que presuntos grupos paramilitares, oficialmente desmovilizados en 2006, estaban detrás del asesinato de 28 personas entre febrero y marzo.
De ellos, trece eran líderes sociales y de derechos humanos.
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