La Junta se persona contra la funcionaria investigada por estafar a autónomos

La Junta de Castilla y León se ha personado en la causa judicial abierta contra una funcionaria del Servicio de Industria en Salamanca que supuestamente estafó a cerca de 300 autónomos y pequeñas empresas que pretendían abrir un negocio y precisaban de un proyecto industrial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntada por este caso, la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha explicado que la actuación ha sido "absolutamente correcta" por parte de la Administración autonómica, al intervenir cuando tuvo conocimiento de la denuncia y observar que esta empleada pública "no estaba actuando conforme al procedimiento".

Ha recordado que la Junta inició una investigación reservada que derivó a la Inspección de Servicios para determinar si la acción era constitutiva de ser sancionada o no, tras lo que acordaron una suspensión de empleo y sueldo y remitir el caso a la Fiscalía por si fuera constitutivo de delito.

Marcos ha añadido que tras tomarse el caso en consideración por el Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca y ofrecer a la Junta la posibilidad de personarse en el mismo, la Administración autonómica lo ha hecho para defender los intereses públicos que pudieran haberse perjudicado con la actuación de la funcionaria.

Los hechos se remontan a abril, cuando la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca recibió una denuncia de un afectado que, posteriormente, ha permitido destapar más casos similares.

La supuesta estafa, según las fuentes de la Junta consultadas por Efe, consistía en que el autónomo o la pequeña empresa que quería abrir un negocio debía presentar un proyecto de actividad industrial que era realizado por el hermano de la funcionaria B.J., jefa de sección en el Servicio de Industria.

El proyecto era presentado y cobrado por la trabajadora de la Junta de Castilla y León, pero no lo registraba ni lo legalizaba.

Ante la denuncia de un particular, la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca lo comunicó a la Inspección de Servicios del Gobierno autonómico, que destapó el supuesto fraude y que afectaría a cerca de trescientos autónomos y pequeñas empresas de la provincia.

Se da la circunstancia de que los afectados están recibiendo escritos de la Delegación Territorial en los que se les avisa de que sus negocios no están registrados ni, por tanto, legalizados, por lo que deben abonar una cantidad para su autorización definitiva.

Y, además, se les está sancionando por tener abierto un negocio sin el permiso pertinente, según han reconocido fuentes de la Junta de Castilla y León.

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