El Gobierno completa la transposición de la directiva de mercados financieros

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto de desarrollo de la Ley de Mercado de Valores para su adaptación a la normativa relativa a los mercados de instrumentos financieros, más conocida como MIFID II.

Con este real decreto se completa la transposición al ordenamiento jurídico español del paquete regulatorio de MIFID II, recuerda el Ministerio de Economía en un comunicado, aunque el plazo para hacerlo vencía en julio de 2017.

Ese retraso hizo que se pusiera una demanda por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la correspondiente propuesta de sanción.

Además, el departamento que dirige Nadia Calviño incide en que es prioritaria la incorporación de la directiva a la normativa española para disponer de todos los instrumentos que permitan una mayor protección del cliente y un mejor funcionamiento de los mercados.

Todo ello, en última instancia, redunda en la mejora de la financiación de las empresas y los particulares, explica.

El real decreto tiene como objetivos básicos reforzar la protección de los clientes de servicios financieros, aumentando el nivel de confianza en las entidades que prestan estos servicios, e incrementar la transparencia y la información disponible para los supervisores y el público en general sobre operaciones que se llevan a cabo con instrumentos financieros en los mercados de valores.

Atendiendo a estos objetivos, el texto aprobado detalla el régimen jurídico de los mercados regulados, así como el de las Empresas de Servicios de Inversión.

Por lo que respecta al desarrollo reglamentario de los mercados de valores, se establecen un conjunto de requisitos para mejorar el gobierno corporativo de sus organismos rectores.

Se establecen límites a las posiciones en derivados sobre materias primas, con el fin de prevenir los abusos de mercado y fomentar una formación de precios y unas condiciones de liquidación correctas para evitar posiciones que distorsionen el mercado.

El real decreto aborda el desarrollo reglamentario del funcionamiento y obligaciones de las Empresas de Servicios de Inversión; limita el cobro de incentivos o retrocesiones y establece como requisitos la comercialización de al menos un 25 % de productos financieros de terceros.

Por lo que respecta a la vigilancia y control del diseño y distribución de productos financieros, se dispone que el proceso previo de aprobación de cada producto de inversión será responsabilidad del propio consejo de administración de la empresa de servicios de inversión.

La finalidad es que las características de los productos sean las más adecuadas para cada tipo de cliente, considera Economía.

Para reforzar la protección al inversor, también se obliga a incluir en los registros de las empresas de servicios de inversión las conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas relacionadas con la ejecución de órdenes por cuenta propia y con la prestación de servicios.

En la adaptación de MIFID II se establecen además requisitos con el fin de evitar el riesgo operativo derivado de la falta de intervención humana y asegurar una correcta asunción de responsabilidades.

En cuanto al acceso electrónico directo, el reglamento exige que las empresas de servicios de inversión garanticen el buen funcionamiento de esta funcionalidad, así como la adecuada asignación de responsabilidades en caso de errores o anomalías.

Finalmente, en materia de empresas de terceros Estados que prestan servicios de inversión en España, el reglamento detalla el procedimiento de autorización de la apertura de sucursales.

Con el real decreto se completa también la transposición de la directiva de capital CRD IV en lo que respecta a determinadas obligaciones de las empresas de servicios financieros.