La trama de Acuamed hinchó millones de euros en obras hídricas por todo el Mediterráneo

Son, calcula la Fiscalía Anticorrupción, decenas de millones de euros de dinero público malversado. Una fortuna pagada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante al menos tres años, a sabiendas de que esas obras no valían ese precio. Una red organizada en la que participaron al menos 48 personas, entre altos funcionarios y empresarios, que se repartieron los sobrecostes de esas obras públicas para dar agua dulce a las provincias del este peninsular más azotadas por la sequía.

La trama desarticulada hoy por la Guardia Civil en el seno de la sociedad estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), dependiente del departamento que ahora dirige Isabel García Tejerina, hinchó contratos de inmensas obras hídricas por toda la cuenca del Mediterráneo, según las investigaciones del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado. Al otro lado de la trama estaban supuestamente los constructores agraciados con esas adjudicaciones. Presuntamente pagaron comisiones a los altos funcionarios de Acuamed a cambio de que éstos dieran su visto bueno «para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias».

En el punto de mira de la UCO hay decenas de obras en nueve de las diez provincias ribereñas del Mediterráneo (todas a excepción de Gerona), más Albacete, aunque, según fuentes de esta unidad, el grueso de las adjudicaciones bajo sospecha son por trabajos de 2013 a 2015 en Murcia, Alicante y Almería. Los agentes buscaron durante todo el día papeles sobre los contratos, entre otros, de dos desaladoras de Almería y Torrevieja (Alicante); de la red de aguas en la localidad alicantina de Campello; de las obras en el embalse de Cerro Colorado, en Murcia; y de la canalización desde la desaladora de Águilas, también en Murcia.

Según informó la Guardia Civil, en realidad se sospecha que hay irregularidades en todo tipo de adjudicaciones. «Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses», resumió la UCO en una nota. Los funcionarios de Grupo de Delitos Económicos -explicaron responsables de la operación- están estudiando contratos en todas las zonas «bajo influencia» de Acumed. Esto es: las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar, Ebro, cuenca Mediterránea Andaluza y cuencas internas de Cataluña.

Septiembre 2014

La Guardia Civil investiga esta trama desde septiembre de 2014, cuando un exalto cargo de la propia Acuamed denunció los amaños para aumentar de forma ficticia el coste de las obras ante la Fiscalía Anticorrupción. Tras un año y medio de investigaciones, la UCO ha determinado que en la cúspide de esta red corrupta desmantelada en la denominada 'operación Frontino' estarían los dos máximos responsables de Acuamed. Se trata de su director general, Arcadio Mateo del Puerto, y de la directora de Ingeniería y Construcción del ente, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, de quien dependían directamente la supervisión de los contratos supuestamente hinchados. Ambos fueron detenidos en la sede central de la sociedad en Madrid, que fue registrada durante horas por la UCO. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, convocó para mañana el consejo de administración de Acuamed con un único punto en el orden del día en esa reunión urgente: destituir a Arcadio Mateo del Puerto.

Los agentes -bajo coordinación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la fiscal Inmaculada Violán- también arrestaron hoy a los dos delegados regionales de Acuamed en Murcia, Jaime M., que se encontraba en ese momento en Madrid, y al de Valencia, P.M.M, arrestado en la capital del Turia cuando iba a una reunión a la sede de Madrid. De manera paralela, los funcionarios capturaron a otras nueve personas, la mayor parte empresarios. Al final, la operación se saldó con ocho personas arrestadas en Madrid, tres en Barcelona, una en Valencia y una en Alicante. A estos trece detenidos hay que sumar a otras 35 personas, a las que la Guardia Civil va a llamar a declarar en los próximos días en calidad de investigados (los antiguos imputados).

Todos ellos -detenidos e investigados- están acusados de prevaricación, fraude y falsedad, entre otros delitos.

Los funcionarios además practicaron 16 registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares, ocho de ellos en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia y uno Alicante, Barcelona y Tarragona, respectivamente.