Hacienda investiga a los españoles implicados pero Panamá no lo pondrá fácil

La Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" la información de los conocidos 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal.

Fuentes de la Agencia Tributaria trasladaron a Europa Press que el organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero. "La AEAT está ya analizando en profundidad la información", han indicado fuentes de la AEAT a Efe, que explican que se están utilizando "todos los instrumentos a disposición de la Agencia". De esta forma, se analizarán los datos aportados por los contribuyentes con bienes en el extranjero y los posibles "vínculos" de estos con terceros.

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'offshore', que han difundido en España tanto La Sexta como El Confidencial.

Según revela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha estudiado durante meses los documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, doce miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, fueron apoderados de una empresa en este paraíso fiscal de Centro América.

Panamá no lo pondrá fácil, según los inspectores

En este sentido, los Inspectores de Hacienda (IHE) avisan de que no será fácil que Panamá ofrezca información sobre las empresas opacas ('offshore') presuntamente creadas por empresarios, políticos y deportistas españoles a través del bufete Mossack Fonseca en el país centroamericano. Prevén que se amparen en la ilegalidad de la prueba obtenida para requerir información, como hizo Suiza en el caso de la 'Lista Falciani'.

Por ahora, la Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" la información de los conocidos 'papeles de Panamá' y prevé utilizar todos los instrumentos a su disposición entre ellos las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero.

Sin embargo, el presidente del IHE, José Luis Groba, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "España poco puede hacer sola" y que "es muy difícil desde el Ministerio de Hacienda hacer un requerimiento de información de un contribuyente" a Panamá por participación en una de estas sociedades.

La razón es que, aunque Panamá ya no es el paraíso fiscal opaco que era hace una década, sigue manteniendo prácticas que le convierten de facto en uno de ellos. España y Panamá sellaron un acuerdo de doble imposición en 2011 en el que, entre otras cosas, incluía una cláusula de intercambio de información individualizada y justificada, no automática, masiva ni rutinaria.

Esto quiere decir que España podría requerir información sobre un contribuyente en caso de que ello estuviera justificado. No obstante, en el ámbito del derecho existe lo que se conoce como la 'teoría de los frutos envenenados', que impide obtener información a partir de una prueba ilegal.

En este caso, los conocidos como 'papeles de Panamá' se han obtenido, como sucediera con la 'Lista Falciani' en Suiza, a través de una filtración de la que, según los Inspectores, el país hará uso para argumentar que no puede aportar información a partir de una prueba obtenida por esta vía.

De no haberse firmado el acuerdo de 2011, por el que de hecho Panamá salió de la lista española de paraísos fiscales, la situación ahora sería de "total oscuridad", sin embargo, Groba señala que "previsiblemente el país centroamericano se amparará en la ilegalidad de la prueba obtenida".