La FNMC defiende en Madrid una mayor flexibilidad presupuestaria

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Pablo Azcona, ha defendido ante la Federación Española de Municipios y Provincias un conjunto de propuestas dirigidas a promover la flexibilización de la normativa de estabilidad presupuestaria de las entidades locales.

Azcona ha presentado estas propuestas en el transcurso de la primera reunión de presidentes de Federaciones y Asociaciones de Municipios autonómicas, celebrada en la sede de la FEMP, ha informado la FNMC en un comunicado.

Dicha normativa establece límites al incremento presupuestario de cada ayuntamiento, señala la FNMC, que recuerda que las entidades locales españolas cerraron el ejercicio de 2015 con un superávit de 5.000 millones de euros, que equivale al 0,4 % del PIB.

Una de las principales limitaciones presupuestarias es la de la regla de gasto, que impide que el presupuesto de cada año aumente más allá de lo que aprueben las Cortes a propuesta del Gobierno.

Dicha regla cifra los máximos de crecimiento posibles en el 1,3 % para 2015, 1,5 % para 2016, 1,7 % para 2017 y 2,6 % para 2018.

En este sentido, el presidente de la FNMC propuso que la aplicación de esta tasa debería hacerse de forma flexible, aunque se garantizara el cumplimiento del conjunto del sector local.

Otra limitación es la que obliga a los ayuntamientos a dedicar el superávit a la reducción del endeudamiento neto, salvo que la entidad local tenga una situación económica holgada, en cuyo caso, se podría dedicar el excedente a la realización de inversiones financieramente sostenibles y siempre manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos.

Esta medida, destaca la FNMC, "ha hecho que algunos ayuntamientos acumulen un importante volumen de remanente al que no pueden dar salida porque su utilización provoca incumplimiento en la normativa de estabilidad".

En la misma reunión, Azcona propuso que se revisen algunos impuestos que, como el de plusvalía o el de viviendas desocupadas, plantean problemas, así como la tributación por aprovechamiento del dominio público, cuya normativa ha quedado "obsoleta" tras la liberalización del mercado de la energía y las comunicaciones.

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