Acusan a responsables de cinco empresas de amañar la subasta de un barco

Responsables de cinco empresas diferentes han sido acusados de un delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas por compincharse para asegurarse la compra de un barco vendido por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y abaratarlo, según ha informado hoy la Guardia Civil.

Los acusados, seis personas en total, se pusieron presuntamente de acuerdo para participar en la subasta de la embarcación, cuyo precio de salida era de 15.000 euros, e ir subiendo la cantidad ofertada hasta que fue adjudicada por 62.405 euros a uno de ellos que finalmente renunció días después a adquirirla, con lo que fue vendida al siguiente postor por solo 42.336.

Con ello, la consiguió rebajada en 20.069 euros y evitó que fuera comprada por tres particulares que también participaron en la puja y que resultaron perjudicados por el amaño, según se explica en un comunicado de la Comandancia de Las Palmas del Instituto Armado.

La supuesta trama se descubrió a raíz de una investigación abierta meses después por un robo de material metálico y piezas mecánicas de otro barco que se descubrió que se emplearon luego para reparaciones en el que había sido subastado, lo cual "levantó las sospechas de la Guardia Civil e hizo que indagara a varias empresas que estaban relacionadas con las dos embarcaciones".

Eso llevó a averiguar que esas empresas estaban vinculadas también con la subasta en cuestión y que se habían puesto de acuerdo para amañarla.

Una tesis que respaldaban hechos como que la cantidad por la que se adjudicó el barco inicialmente era muy elevada y que la empresa que lo compró al final acabó por venderlo a otra cinco días más tarde por 47.974,52 euros, "un precio muy inferior al pujado", se expone en la nota de la Guardia Civil.

El Instituto Armado amplió sus pesquisas y a partir de ellas "recopiló más indicios que implicaban un acuerdo ilegal de cinco empresas para alterar el precio de la subasta pública, con el presunto objetivo final de asegurar la compra de la embarcación en cuestión", se añade.

Y se destaca que "ese acuerdo ilegal perjudicaba las expectativas de los otros intervinientes en la puja y que, con la debida transparencia que debe imperar en esos actos, intentaron adquirir la embarcación en cuestión".

Por todo ello, los investigados, junto con las diligencias instruidas en torno al caso, han quedado a disposición de la autoridad judicial, que ha ordenado la inmovilización del barco objeto de la presunta operación ilegal.

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