La patronal extremeña critica la cotización por prácticas académicas

La Confederación Empresarial Extremeña (Creex) ha criticado la regulación contenida en el real decreto-ley 28/2018 que, entre otras medidas de carácter social, laboral y de empleo, establece la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por las prácticas académicas.

Según ha explicado a través de una nota el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, esta iniciativa conllevará "costes añadidos para las empresas" y "pondrá en peligro" dichas prácticas.

Peinado ha dicho que esta medida es "un error", pues solo conseguirá "desincentivar las prácticas en empresas", en un ámbito donde "ya de por sí hay problemas para conseguir compañías dispuestas a acoger a personas en prácticas".

El secretario general de la Creex ha señalado que un becario inicialmente "no aporta valor añadido" y por este motivo "no se puede justificar que la empresa deba asumir ese coste".

Además, desde la patronal extremeña también se ha recordado que un becario "representa ya otros costes materiales y de tiempo", porque "hay que preparar un puesto de trabajo" y "se necesita un tutor encargado de su formación".

Por todo ello, Peinado ha advertido de que esta medida "lastrará la productividad y la competitividad de las empresas" y su puesta en marcha "no servirá para paliar los problemas de liquidez de la Tesorería de la Seguridad Social".

"Otra cosa -ha propuesto- es que sean los organismos estatales o privados que ofertan esta formación quienes interioricen el coste, como la Administración o las universidades".

Además, Peinado considera que la medida aumentará la inseguridad jurídica existente en la actualidad en relación con el momento a partir del cual empieza a regir esta obligación.

En este sentido, ha recordado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado esta imposición al no haber sido abordada en el marco del diálogo social, tal como estaba comprometido en la composición de las diferentes mesas tripartitas o en el "Plan de Choque de Empleo Joven".

Para la confederación española, esta circunstancia perjudica tanto a las empresas y a los estudiantes como al sistema de Formación Profesional y Universitario y al propio mercado de trabajo.

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