UCC denuncia que el Gobierno "incumple" la normativa del canon de saneamiento

La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha denunciado que el canon de saneamiento se aplica de forma injusta y que el Gobierno regional "incumple" su propia normativa eximiendo de su pago a los propietarios de viviendas, locales y solares vacíos.

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, la UCC considera que no se está aplicando el artículo 24 de la Ley de Aguas porque no se incluye como sujetos pasivos a todos los propietarios que utilicen o puedan utilizar la infraestructura de agua.

La UCC ha asegurado que favorecer que el tributo lo soporten solo una parte de los contribuyentes supone que el Ejecutivo cántabro no tiene en cuenta los criterios de capacidad económica y progresividad que dicta la Constitución española.

Por ello, la asociación exige al Gobierno de Cantabria que se cense en el padrón fiscal a todos los propietarios, incluso a los beneficiarios pasivos de la infraestructura de canalización de agua, porque todos los beneficiarios tienen que contribuir al sostenimiento de las traídas de aguas y sus vertidos.

Así, se repartirían los costes entre más contribuyentes y bajaría la cuota de quienes pagan actualmente.

Según la asociación, en la actualidad se está haciendo recaer sobre los vecinos de Cantabria el coste total del saneamiento en beneficio de los propietarios que no son residentes en la comunidad, porque se desestima el concepto legal de "consumo potencial" para que tributen quienes se beneficien de la red aunque no hagan consumo de ella.

La Unión de Consumidores de Cantabria ha indicado que cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica y no en función del consumo de agua, que depende del número de personas que habiten un domicilio.

Además, añade que la circunstancia de que los consumidores de un suministro básico como el agua son clientes cautivos del mismo, no pueden elegir otro suministrador ni negociar tarifas.

Por ello, la asociación ha propuesto instaurar un consumo mínimo gratuito para las viviendas en función del número de habitantes empadronados en ellas.

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